El país, de diez millones de habitantes, más del 60 % pobres, vivió un año que estuvo atravesado por dos momentos críticos: las elecciones primarias del 9 de marzo, organizadas por los partidos Libre (Libertad y Refundación, izquierda) en el poder, Nacional y Liberal (conservadores), y los comicios generales de noviembre.
En los dos procesos, que para los hondureños tuvieron un costo de 4.000 millones de lempiras (150 millones de dólares), se cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas, particularmente el del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, acusado de "injerencia" por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.
Antes de las elecciones generales de noviembre, el general Hernández le pidió al pleno del Consejo Nacional Electoral que le entregaran una copia de los resultados del nivel presidencial.
Las elecciones de marzo estuvieron en peligro porque el día de las votaciones en ciudades como Tegucigalpa, la capital, microbuses contratados a última hora anduvieron circulando y se aparcaron en varios puntos, repletos de maletas electorales aún cuando, por ley, las Fuerzas Armadas, que además son 'apolíticas, obedientes y no deliberantes', son responsables del traslado, custodia y vigilancia del material electoral.
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Las irregularidades y debilidades estructurales en la organización electoral también se evidenciaron en los comicios generales de noviembre, que fueron más dominados por acusaciones de fraude y discursos de confrontación que por propuestas, en un clima de alta incertidumbre política.
Aún con todos los problemas, más de 3,5 millones de ciudadanos acudieron de forma pacífica a las urnas, de un padrón de 6,5 millones.
La voluntad de los hondureños en las urnas el 30 de noviembre fue defraudada por la lentitud del escrutinio y las fallas técnicas, alimentando más las sospechas, mientras los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Rixi Moncada, del gobernante Libre, exigían un conteo voto por voto.
La situación empeoró, a tres días de las elecciones, cuando Donald Trump expresó su respaldo público a Asfura y anunció posteriormente el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas. Sectores de Libre denunciaron estas acciones como injerencia directa en el proceso electoral.
A las tensiones políticas se sumaron divisiones internas en el CNE, amenazas contra dos de sus tres consejeros, conflictos entre escrutadores y presiones institucionales.
El lento escrutinio especial de casi 2.800 actas con inconsistencias, iniciado con retraso el 18 de diciembre e interrumpido casi a diario, incrementó la incertidumbre y erosionó aún más la credibilidad del proceso, en un país que sigue teniendo una democracia muy frágil desde que la recuperó en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.
Entre las múltiples dificultades, el 24 de diciembre el CNE proclamó a Asfura como presidente electo, decisión que no contó con el respaldo del consejero de Libre, Marlon Ochoa.
El conteo de resultados municipales y legislativos se extendió hasta el 30 de diciembre, fecha límite legal que tenía el CNE.
Analistas coinciden en que la crisis electoral de 2025 dejó al descubierto, una vez más, la fragilidad del sistema democrático hondureño, advirtiendo además que mientras los órganos electorales sigan controlados por los principales partidos políticos y las instituciones carezcan de autonomía efectiva, los comicios continuarán siendo foco de conflictividad y desconfianza social.
Con la elección de Asfura, el centenario Partido Nacional regresará el 27 de enero de 2026 al poder, del que fue expulsado en 2022 tras las elecciones de noviembre de 2021, que ganó la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien es su principal asesor y coordinador general de Libre.
El Partido Nacional regresa después de haber gobernando tres períodos consecutivos entre 2010 y 2022, que fueron salpicados por múltiples denuncias de narcotráfico y corrupción, mientras Libre, que fue fundado en 2011, dos años después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, pasa a ser oposición después de cuatro años de mandato, que también fueron salpicados por denuncias de presuntos actos de corrupción y muchas promesas incumplidas.