La acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Primer Equipo), que además logró las condenas a 35 años de cárcel contra otros seis integrantes de la banda.
Los sentenciados a cadena perpetua son el cabecilla de la organización criminal David Flores ('Negro Sami'); Omar Baldeón, Anderzon Páez, Andy Urbina y Guiancarlos Arratea, quienes están recluidos en las cárceles de Ancón 1, Callao y Ica.
Según la investigación del fiscal provincial Christian Santamaría, ‘Los angelitos de Pachacútec’ operaron entre 2017 y 2021 en el sector de Pachacútec, del municipio de Ventanilla, a partir de la conformación de un falso sindicato de trabajadores que obtuvo el control de obras de construcción civil mediante el cobro de cupos y amenazas directas a los ingenieros, administradores y responsables de las obras.
El fiscal Santamaría demostró que la organización criminal constituyó e inscribió en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) una asociación sindical utilizada como fachada, con la finalidad de otorgar apariencia de legalidad a sus actividades ilícitas, indicó el Ministerio Público.
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En el juicio oral, el fiscal probó que siete obras públicas fueron objeto del delito de extorsión, incluyendo proyectos de infraestructura educativa, vial, espacios públicos, infraestructuras de telecomunicaciones y servicios de salud, los cuales constituyeron fuentes ilícitas de financiamiento para la continuidad operativa de la organización criminal.
Además, se acreditó la responsabilidad penal de la banda en dos hechos de sicariato, vinculados a disputas internas de poder, que correspondieron a los asesinatos de David García Vásquez, exintegrante de la organización criminal y exvicepresidente de la asociación que era utilizada como fachada; y de Herman Malta Nina, considerado una amenaza para los intereses ilícitos del grupo criminal.
La sentencia incluyó la inhabilitación para manejar armas de fuego y conducir vehículos por 10 años para los 11 sentenciados, y el decomiso de todos los bienes incautados, incluyendo vehículos y equipos telefónicos.
Igualmente, deberán pagar multas al Estado y una reparación civil por un monto de 6.681.978 soles (1,9 millones de dólares) a favor de las víctimas.
Tras la condena, el Ministerio Público reiteró su compromiso en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al delito de la extorsión en el ámbito de la construcción civil, uno de los ilícitos que se han extendido en los últimos años a otros sectores como el de transporte público urbano, lo cual ha agravado la inseguridad en las ciudades del país.