Fernández debió ser intervenida en el sanatorio privado Otamendi tras arribar el 20 de diciembre con fuertes dolores provocados por una apendicitis con peritonitis localizada, aunque esta semana se conoció que comenzó con la ingesta de alimentos “semisólidos con buena tolerancia”, según el último parte médico difundido por la clínica.
El pasado 20 de diciembre, la expresidenta, de 72 años, fue trasladada de urgencia a la clínica desde su casa en Buenos Aires, donde cumple desde junio pasado bajo el régimen de prisión domiciliaria con una condena a seis años de cárcel por irregularidades en la concesión de obras viales.
De acuerdo al último parte del Sanatorio Otamendi, fechado el 29 de diciembre, “la paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio”, una parálisis temporal del intestino descrita por el equipo médico que la atiende como una complicación postoperatoria común.
El informe añadió que la exmandataria “se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso” y aclaró que “de no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”.
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El ingreso de Fernández en la clínica representó la primera salida de su domicilio desde que comenzó a cumplir su condena y requirió una autorización de la Justicia, que en las últimas horas rechazó un nuevo pedido de su defensa para ampliar el régimen de visitas permitidas a su vivienda una vez que abandone la clínica y el uso de instalaciones del edificio.
La condena contra Fernández entró en vigor el 17 de junio pasado, tras la ratificación de la sentencia en el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno (2007-2015) y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).
A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio, al que asiste virtualmente, por la causa de corrupción conocida como ‘los cuadernos de las coimas’, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.