España recuerda a Israel su obligación legal de cumplir con el derecho internacional como potencia ocupante, incluida la protección de la población civil, en particular con la IV Convención de Ginebra.
Estas organizaciones trabajan para "hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza", dice el comunicado, que advierte del "severo impacto" que tendrán estas decisiones sobre la población civil en Gaza y el Territorio Palestino Ocupado.
Israel pretende así, denuncia el comunicado, expulsar a las ONG e impedir su trabajo, con una resolución que se suma a la reciente aprobación de la ley que impone el corte del suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en Israel y en el Territorio Ocupado de Palestina, además de retirarle sus inmunidades y privilegios.
España reafirmó su compromiso con la labor que desempeñan las ONG porque trabajan "de forma independiente e imparcial para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad de la población palestina".
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El 30 de diciembre Israel anunció la medida que entró en vigor el 1 de enero y que veta a 37 ONG que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo.
Entre las organizaciones que operan en este territorio se encuentran Acción contra el Hambre, OXFAM, Cáritas o Médicos Sin Fronteras (MSF), quienes alertaron que cientos de miles de gazatíes se quedarán sin atención sanitaria.
Además de España, las agencias de la ONU, varias ONG internacionales y otros países como Canadá, el Reino Unido o Francia denunciaron estas medidas.