"Continuamos emitiendo nuestra alerta en cuanto a una selectividad inquietante" de las últimas excarcelaciones, pues "al constatar que la medida ha beneficiado exclusivamente a detenidos del contexto postelectoral, se evidencia que el Estado mantiene excluidos casos vinculados con los sectores más vulnerables", dijo JEP en un mensaje publicado en X.
La ONG, que alertó el pasado lunes sobre un "azar incomprensible" tras las liberaciones en el día de Navidad, también indicó que "resulta incomprensible y alarmante que, tras este segundo grupo de excarcelaciones, dos adolescentes permanezcan tras las rejas, violando flagrantemente la protección prioritaria que merecen los menores de edad".
Asimismo, expresó su preocupación por la exclusión de "mujeres, adultos mayores", "presos con enfermedades graves", "periodistas, defensores de derechos humanos y extranjeros" entre las excarcelaciones.
Hasta este viernes, la ONG había confirmado 60 de las 88 excarcelaciones anunciadas el jueves 1 de enero por el Ministerio de Servicio Penitenciario venezolano.
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El ministerio también anunció el 25 de diciembre la excarcelación de 99 personas, pero en ninguno de las dos oportunidades detalló los nombres de las personas que recibieron estas medidas.
Del primer grupo, del 25 de diciembre, la ONG Foro Penal -que dirige la defensa legal de presos políticos- confirmó 61 de los 99 casos anunciados por las autoridades.
Mientras se anunciaban estas excarcelaciones, el diario The New York Times, citando a un funcionario anónimo venezolano, informó que desde que EE.UU. empezó una campaña de presión contra el Gobierno de Maduro las autoridades venezolanas han arrestado a varios estadounidenses.
El pasado 18 de diciembre, JEP alertó que 91 presos políticos en Venezuela padecen "enfermedades graves" y denunció que el "deterioro físico progresivo" de estos detenidos es producto de una "forma de violencia estructural".
Después de las presidenciales de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y fueron acusadas de ser "terroristas", en el contexto de protestas por la controvertida reelección de Nicolás Maduro, que proclamó el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo-, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición mayoritaria.
Varias ONG y partidos opositores les defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.
Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad, mientras que JEP los cifraba en más de 1.000.
El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".