La prensa económica local apunta a que la CSRC considera que necesita ayuda de otros departamentos para afrontar el problema, y a partir de ahora contará para ello con varios ministerios -Finanzas, Seguridad Pública o Justicia-, con el banco central, el regulador financiero central o el organismo de planificación económica.
Así, Pekín busca formar una fuerza unificada para combinar procesos de investigación, juicio, verificación fiscal o supervisión de capitales.
El objetivo principal, según China Economic Weekly -semanario económico del oficial Diario del Pueblo-, será castigar a los "cabecillas" de las tramas, en referencia tanto a las cotizadas como a los directivos que encabecen el fraude, como a sus "cómplices": despachos de auditoría o bufetes de abogados que presten asistencia para cometerlo.
Ese medio apunta que, en el pasado, la mayoría de sanciones se centraban en las compañías en sí, y que los intermediarios que facilitaban el fraude simplemente afrontaban castigos "leves".
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La información apunta específicamente al caso de Evergrande, la principal cara visible de la prolongada crisis inmobiliaria, ya que la firma encargada de auditar sus cuentas, PriceWaterhouseCoopers (PwC, una de las 'big 4' del sector), únicamente recibió una multa equivalente a unos 62 millones de dólares y 6 meses de suspensión.
Según la investigación de los reguladores chinos, Evergrande infló su facturación en hasta 78.000 millones de dólares y sus beneficios en más de 12.000 millones de dólares entre los ejercicios 2019 y 2020, una cifra 20 veces mayor al escándalo de falsificación de ganancias de la estadounidense Enron en 2001, que se saldó con la práctica desaparición de la conocida auditora Arthur Andersen.
La nueva campaña buscará que los infractores "no solo afronten la ruina financiera sino que también asuman su responsabilidad penal correspondiente, que pierdan su libertad personal y que afronten dificultades extremas para progresar en actividades posteriores", apunta China Economic Weekly.
Además, se garantizará que dejar de cotizar no sea un "escudo", manteniendo las investigaciones contra aquellas empresas sospechosas que hayan salido de la bolsa para tratar de aprovechar un "vacío" regulador.