El Gobierno chino informó este miércoles que la ministra taiwanesa del Interior, Liu Shyh-fang, y el titular isleño de Educación, Cheng Ying-yao, habían sido incluidos en la lista de "independentistas acérrimos" de Taiwán, compuesta actualmente por catorce personas.
Las medidas punitivas contra estas dos figuras incluyen la prohibición de entrada al continente y a las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao, tanto para ellos mismos como para sus familiares, así como la prohibición de que sus empresas asociadas obtengan beneficios en territorio continental, entre otras medidas.
Pekín también anunció sanciones contra Chen Shu-yi, de la Fiscalía Superior de Taiwán, por ser "cómplice" de los "ejecutores de la 'independencia' de Taiwán".
En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín, aseguró este jueves que las sanciones "demuestran precisamente que la autoridad pública de China no se extiende a Taiwán, y confirman aún más que Taiwán no forma parte de la República Popular China".
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El líder isleño manifestó que, como presidente, se sentía "orgulloso" de todas las personas "reprimidas transnacionalmente" por China, y también dedicó palabras de agradecimiento a Liu, Cheng y Chen, quienes "han sido capaces de mantenerse firmes en sus puestos y luchar por el país sin temor alguno a esas amenazas".
El mandatario también instó a los dirigentes chinos a que comprendan que los ejercicios militares de Pekín en torno a Taiwán "no son acciones pacíficas", y que "la infiltración política y la represión transfronteriza" tampoco lograrán el objetivo de "unificar" a la isla con el continente.
Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.
El Gobierno de Taiwán, liderado por el Partido Democrático Progresista, una formación de tendencia soberanista, desde 2016, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.