Un día después del apagón que sorprendió a la España peninsular y Portugal y que dejó sin suministro eléctrico, durante horas, a millones de ciudadanos, el magistrado Calama -que esa semana estaba de guardia- acordó abrir una investigación por si pudiese tratarse de ciberterrorismo.
Pero tras meses de investigación y una vez que ha recabado todos los informes técnicos solicitados a diversos organismos, el juez ha descartado "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".
En el auto dictado sí que infiere que puede concurrir un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica, pero ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, según el juez, estos hechos deben quedar fuera de la vía penal.
Entre los informes que llegaron a su mesa está el del Centro Criptológico Nacional, que no identificó "acciones cibernéticas dañinas" ni vio "indicios que apunten a un ciberataque de un grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas".
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El instructor recoge también entre otras las conclusiones del Comité creado por el Gobierno español para el análisis de las circunstancias del apagón, que apuntó a un origen multifactorial.
Según el juez, este último determinó "que faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país, pues había un parque de generación más que suficiente para responder".
El pasado septiembre un informe preliminar encargado por las eléctricas Endesa e Iberdrola y elaborado por los profesores universitarios Luis Rouco, Enrique Lobato y Francisco Echevarren apuntó que el apagón se inició por una carencia de generación síncrona (principalmente ciclos combinados y centrales nucleares) en el sur y el centro de la península, que dejó "sin margen" a Red Eléctrica (REE) para abordar el colapso por sobretensión.
El apagón masivo se registró el 28 de abril pasado poco después de las 11.30 horas GMT y ocasionó múltiples problemas en el transporte, las telecomunicaciones y la actividad normal de ciudadanos y empresas. Para las 15.30 GMT ya se había restablecido más de la mitad de la demanda prevista para esa hora, según la compañía Red Eléctrica de España.