"El GIEI estableció que el crimen fue previsible y prevenible. Existía información concreta en manos del Estado y en tiempo real que alertaba sobre su planificación, incluyendo interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores", subraya el estudio, que fue presentado en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El voluminoso estudio añade que "a partir del análisis de cientos de horas de intervenciones telefónicas obtenidas en el marco de una investigación penal iniciada en 2015, el GIEI constató que Mariano Díaz Chávez -militar en activo y posteriormente condenado como autor material del asesinato- contaba con acceso a armas, logística y personal armado, y utilizaba redes vinculadas a estructuras de seguridad para coordinar operaciones ilícitas".
"Estas interceptaciones revelaron que, desde el 4 de enero de 2016, se mantenían conversaciones explícitas sobre cinco incursiones previas al asesinato de Berta Cáceres. Estas incursiones involucraron planificación, logística, seguimientos, portación de armamentos y dieron cuenta de la elaboración de un plan concebido con anticipación, a decisiones atribuidas a 'los de arriba' y a negociaciones sobre pagos y logística", añade la investigación.
Señala además que pese a contar con la información en tiempo real, las autoridades estatales no activaron mecanismos de prevención ni adoptaron medidas oportunas para impedir el crimen, omisión que el GIEI califica como una violación grave del deber de debida diligencia.
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El GIEI también concluyó que el crimen de Berta Cáceres y las violaciones asociadas comprometen responsabilidades diferenciadas y concurrentes del Estado, de actores empresariales y de instituciones financieras, cada uno conforme a sus obligaciones específicas bajo el derecho internacional, cuya actuación y omisiones facilitaron la planificación, la financiación, la ejecución y la impunidad del crimen.
Un resumen del estudio fue presentado por los expertos Ricardo Guzmán, Roxana Altholz y Pedro Biscay.
Según el estudio, el crimen de la ambientalista hondureña es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado.
En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra siete condenados por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien fue el único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen, en la ciudad de La Esperanza, oeste del país.