El paro está convocado para la capital y la vecina provincia portuaria de Callao, donde las empresas de autobuses de transporte urbano ya han paralizado ambas jurisdicciones en anteriores protestas convocadas para demandar la atención y medidas al Gobierno.
A través de un comunicado conjunto difundido este lunes, varios gremios expusieron que vuelven a convocar a un nuevo paro por el auge de la criminalidad, donde la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas de la ciudad, bajo amenazas de atacar a los autobuses e incluso a sus trabajadores.
"Ante los constantes atentados y asesinatos de nuestros hermanos conductores, hemos decidido realizar un Paro preventivo de 24 horas el día miércoles 14 de enero de 2026 en rechazo a las malas decisiones políticas tomadas por este Gobierno que no están dando resultados positivos", indicaron.
Agregaron que hacen un llamado a la unidad en acción a todos los gremios sociales, propietarios de vehículos y conductores a sumarse a la huelga y juntos salir a las calles y levantar nuestra voz de protesta en defensa de la vida y el derecho al trabajo digno.
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Además, sostuvieron que tanto el Ejecutivo como el Legislativo son responsables de haber aprobado leyes que favorecen la criminalidad -conocidas popularmente como "leyes procrimen"- pese a que el propósito inicial era aparentemente el opuesto.
Del mismo modo, este lunes, el portavoz del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, confirmó en Canal N el paro para este miércoles debido al aumento de ataques contra conductores, especialmente con granadas.
Denunció la falta de prevención para evitar estos delitos por parte de las autoridades y detalló que la mayor parte de los ataques ocurren entre las 17:00 y 23:00 hora local, tiempo en el que dijo que no hay presencia policial "por falta de coordinación y cambios de comando".
Ojeda también pidió reforzar la prevención con apoyo militar, reglamentar la legislación contra extorsión en el transporte público y limitar a zonas en emergencia la prohibición de dos personas en moto.
El portavoz Ojeda expuso que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, 73 trabajadores de transporte público han muerto en ataques de bandas dedicadas a la extorsión y en lo que va del 2026, han fallecido otras tres personas del sector.
Aseguró que solo en las últimas dos semanas dos empresas han sufrido atentados con artefactos explosivos por parte de presuntos extorsionadores, en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, ubicados en el norte y noreste de la capital peruana respectivamente.