"Apoyamos al pueblo de Irán en su lucha contra un régimen opresivo, que está reprimiendo a los ciudadanos. Queremos ver una democracia funcional en Irán, donde los derechos humanos sean respetados", expresó el laborista, consultado por periodistas en Camberra.
Albanese dijo que los iraníes están luchando "por derechos humanos, por dignidad, por un cambio y libertad", mientras el Gobierno -presidido por Masud Pezeshkian- está "reprimiendo las protestas", que comenzaron el 28 de diciembre en rechazo a la situación económica por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial).
"No sabemos la realidad sobre personas asesinadas o heridas", subrayó.
Además, el mandatario recordó que su Gobierno expulsó en agosto pasado al embajador iraní en Camberra, Ahmad Sadeghi, y otros tres funcionarios de su legación, tras acusar a Teherán de orquestar ataques antisemitas en suelo australiano.
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Australia anunció entonces que catalogaría como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, o CGRI, que se encarga de salvaguardar el régimen islámico y sus instituciones así como de realizar operaciones en el extranjero.
En esa ocasión, la Embajada australiana en Teherán suspendió sus operaciones por motivos de seguridad y sus diplomáticos abandonaron Irán, mientras Camberra pidió a sus ciudadanos no viajar al país pérsico o abandonarlo si ya se encontraban allí.
Desde hace alrededor de 100 horas no hay internet ni cobertura en vastos territorios de Irán y, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.
La opositora Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI) eleva drásticamente la cifra a más de 3.000 fallecidos, denunciando una "masacre" con armas de guerra y ametralladoras.
Ante las imágenes difundidas por organizaciones y en medios, a pesar del apagón informativo, de cadáveres y escenas de brutalidad, la comunidad internacional ha subido el tono de condena y Bruselas plantea evaluar sanciones "más severas".