Según estimó el órgano, cuya conformación fue apoyada por el actual Ejecutivo interino de Bangladés que lidera Muhammad Yunus desde la dimisión de Hasina, en agosto de 2024, de las 1.913 denuncias presentadas inicialmente se probaron como ciertas 1.569.
La mayoría de los desaparecidos fueron temporales, y 251 víctimas nunca regresaron a sus lugares de origen, según la comisión bangladesí.
Las personas reaparecidas manifestaron que estuvieron bajo custodia durante períodos.
En términos temporales, las desapariciones se incrementaron de 2009 a 2012, se mantuvieron en su pico hasta 2018 y, entonces empezaron a bajar aunque se mantuvieron en niveles significativos, según la comisión.
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El último informe de ese organismo, datado el pasado 4 de enero pero publicado este martes, menciona la existencia de un sistema de vigilancia extrajudicial, extracciones forzadas, detenciones, torturas y ejecuciones en Bangladés durante los quince años de gobierno de Hasina y de su partido, la Liga Awami.
Según el informe, algunas de las abducciones tuvieron lugar en las casas y fueron presenciadas por las familias de los desaparecidos.
Estas extracciones eran llevadas a cabo por individuos, a menudo no uniformados, que se identificaban como agentes policiales o de la fuerza paramilitar Batallón de Acción Rápida (RAB).
Posteriormente, las personas desaparecidas eran detenidas por períodos que iban de entre 48 horas y ocho años y retenidos en instalaciones utilizadas como centros de detención.
La tortura, tanto física como psicológica, se describe en el informe como "una práctica normalizada"
El informe reporta palizas, electrochoque, ahogamientos simulados o máquinas de tortura.
La comisión investigó los casos de desapariciones a partir de entrevistas con víctimas, testigos y personas relacionadas con estos casos y mediante la investigación en los espacios referidos por éstas.
Sheikh Hasina abandonó el poder en Daca el 5 de agosto de 2024, después de una oleada de protestas, inicialmente pacíficas, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad a sus órdenes.
La ONU estimó en febrero del año pasado que unas 1.500 personas murieron durante este proceso, tras el que pasó a detentar el poder un Ejecutivo interino liderado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus que, entre otras medidas, ordenó la formación de la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, presidida por el juez Moyeenul Islam Chodwhury.
El 17 de noviembre de 2025, un tribunal bangladesí condenó a Hasina, exiliada en la India desde su salida del poder, a pena de muerte por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas.
El próximo 12 de febrero tendrán lugar en Bangladés las primeras elecciones en este país después de la condena a Hasina.
Las medidas propuestas por la Comisión de Investigación al gobierno que se forme tras los comicios pasan por el desmantelamiento de la maquinaria de desapariciones, con la supresión del RAB, la retirada de potestad a las Fuerzas Armadas para que actúen como fuerzas del orden, medidas coercitivas y un refuerzo de la capacidad judicial.
Además, solicita la retirada de la Ley Antiterrorista del año 2009, que permitió las desapariciones, la despolitización de los cuerpos de seguridad y procesos judiciales para esclarecer lo ocurrido y atribuir responsabilidades.
En cuanto a las víctimas, la comisión coloca en un lugar central la reparación y su protección, así como la de los testigos y la preservación de los sitios de detención y su conversión en lugares de memoria.
Según la comisión, el próximo Gobierno de Bangladés tendrá que invitar a la división de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a supervisar la situación, reconociendo la competencia del Comité Contra la Tortura de la ONU y establecer un mecanismo preventivo nacional como parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT), del que Bangladés es parte.