El abogado del INDI, Juan José Mallada, dijo a EFE que la solicitud se presentó después de que representantes de los nativos denunciaran la escalada del conflicto con disparos y amenazas contra miembros de esa comunidad por parte de trabajadores de la estancia El Principado, que a su vez acusaron a los indígenas de ser quienes ejercen la violencia.
"Según las denuncias presentadas por estas personas, hubo disparos, quema de casas y supuestamente un aislamiento al prohibir el paso por los portones de acceso del inmueble en conflicto por parte de los propietarios", explicó el defensor.
Mallada también dijo a EFE que el INDI no ha podido realizar un censo en la comunidad karapa por la negativa de los propietarios de la estancia, que "no otorgaron permiso de acceder hasta donde se encontraban las familias" indígenas.
El pedido de medidas urgentes de protección se acordó durante la última reunión interinstitucional, en la que participaron diversos representantes del Estado paraguayo, entre ellos del INDI y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), así como de la ONG local Codehupy.
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El MNP dijo en un comunicado que las autoridades se comprometieron a organizar una visita a la finca el próximo viernes y a "impulsar un estudio antropológico que permita determinar si el área territorial reivindicada por la comunidad Karapa constituye su hábitat tradicional".