En un comunicado, la FDIH y su asociada, la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos en Irán (LDDHI), exigieron asimismo la "rendición de cuentas" de las autoridades iraníes por sus "abusos" en la represión de las protestas en el país, algunos de los cuales "podrían constituir crímenes de lesa humanidad".
"Las autoridades iraníes están respondiendo a las manifestaciones pacíficas cometiendo violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que podrían constituir graves crímenes internacionales. La represión continua exige una respuesta internacional contundente, que debe ir acompañada de medidas concretas de rendición de cuentas que garanticen justicia para las víctimas", declaró el presidente de la FIDH, Alexis Deswaef.
La FDIH y la LDDHI condenaron las "graves y crecientes" violaciones de derechos humanos desde que empezaron las protestas contra la situación económica y contra el régimen islamista el 28 de diciembre pasado, "incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias masivas, torturas y apagones" de internet.
Con sede en París, la FDIH y su asociada iraní arremetieron especialmente contra la fuerza "letal y desproporcionada" usada por las autoridades iraníes, "incluyendo el uso de munición real dirigida a la cabeza, el cuello y los ojos de los manifestantes, e incluso ametralladoras montadas en camiones".
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Aunque se desconoce el número exacto de personas muertas y heridas en la represión, la FDIH recordó que un funcionario iraní estimó que la cifra de fallecidos podría alcanzar los 2.000, pero fuentes independientes estimaron que podrían haber perdido la vida hasta 6.000 personas, según dijo.
En cuanto a los arrestados, la federación contabilizó al menos 10.000 personas hasta el pasado día 10, a los que las autoridades iraníes imputan disturbios, vandalismo y terrorismo, así como de cooperar con Estados Unidos e Israel, y alertó que al ser acusados de 'moharabeh' ("hacer la guerra contra Dios"), podrían ser condenados hasta con la pena de muerte.
Un manifestante arrestado el 8 de enero en Fardis, provincia de Elborz, ya ha sido condenado a muerte y su ejecución está prevista para este 14 de enero, según la FDIH.
Esta organización instó a convocar una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU para ampliar su mandato de investigar anteriores denuncias de violaciones de derechos humanos en Irán y extenderlo a las nuevas protestas.