La activista, cuya identidad se mantiene oculta, participó en 2022 en varias operaciones de activistas para rescatar y facilitar la entrada en territorio polaco de migrantes en situación ilegal desde la frontera con Bielorrusia.
En un comunicado, la Guardia Fronteriza reveló que, durante un registro efectuado hoy en el domicilio de la acusada, se hallaron 62 certificados temporales de identidad para extranjeros, unos documentos que permiten permanecer en Polonia mientras se tramitan peticiones de asilo, pero según las autoridades "la mayoría de los titulares ya han abandonado el país ilegalmente".
Según las autoridades polacas, las acciones de la detenida "excedieron los límites de la ayuda humanitaria" y demuestran "la manipulación de los procedimientos de protección internacional" por parte de Bielorrusia, país al que Polonia acusa de orquestar una campaña de migración ilegal para desestabilizar la frontera.
Desde 2021, decenas de miles de personas de Oriente Medio, Asia y África han intentado cruzar a la Unión Europea a través de la frontera polaca.
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En 2025 se registraron 30.000 intentos ilegales de cruzar a Polonia, a pesar de la existencia de un muro fronterizo de 186 kilómetros, lo que ha generado una situación que según algunos grupos humanitarios ha causado decenas de víctimas mortales, principalmente por hipotermia o ahogamiento.
Organizaciones como Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han criticado al Gobierno polaco por priorizar la seguridad sobre los Derechos Humanos, y han cuestionado la compatibilidad de sus leyes de migración con el Derecho internacional.
El primer ministro Donald Tusk ha defendido la protección de la frontera como la "primera línea de defensa" contra la migración "convertida en un arma" por Rusia y Bielorrusia y decretó la suspensión del derecho a solicitar asilo para quienes crucen la frontera polaca irregularmente, medida prorrogada el pasado 8 de enero hasta marzo de 2026.