Juana Aguilera, de la Comisión Ética contra la Tortura, perteneciente a Día a Día por Julia Chuñil, declaró desde el exterior del Ministerio Público, en Santiago, que si "la fiscal tiene las pruebas suficientes para detener personas acusándolas del asesinato de su madre entonces ella sabe dónde se encuentra Julia".
Asimismo, Aguilera afirmó que quieren "justicia sin racismo, sin sesgos clasistas y sin discriminación, no esta justicia corrupta".
Por su parte, Lucía Sepúlveda, perteneciente también a la organización, explicó que "rechazan esta detención" y contó haber tenido una conversación digital con Pablo San Martín Chuñil, uno de los hijos detenidos, donde les advirtió de que se venía "un montaje".
"Estamos convencidos de su inocencia. Tuvimos un encuentro por Zoom y Pablo nos dijo que tenían un nuevo montaje. No dudamos de los hijos. Este es un caso complejo que los fiscales no quieren tocar y que está relacionado con gente poderosa. La Fiscalía nunca se dedicó a investigar en el contexto de la región. Siempre pediremos verdad y justicia", sentenció Sepúlveda.
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Chuñil, de 73 años al momento de su desaparición, fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en un predio de la localidad de Máfil, unos 800 kilómetros al sur de la capital, propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt, quien ha sido señalado por la familia como el principal sospechoso.
Sin embargo, desde hace meses, la Fiscalía ha mantenido abierta una hipótesis investigativa sobre varios miembros de la familia de Chuñil que desembocó en los arrestos efectuados esta madrugada.
Carolina Silva Guevara, una activista y artista que también pertenece a la plataforma Día a Día por Julia Chuñil definió como "aberrante" y con "demasiada demagogia" esta detención y tampoco puso en duda la inocencia de la familia.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que las detenciones se produjeron "luego de una investigación compleja, silenciosa y reservada", cuyos antecedentes serán expuestos en la audiencia de control de detención y formalización (imputación formal por un juez) fijada para la mañana del miércoles.
Además, el Ministerio Público se ha cuestionado el rol de Chuñil como dirigente y defensora ambiental, afirmando que "no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada".