"El Gobierno no puede solo en este tema. En Guayaquil, por ejemplo, hay una cantidad de gente que está trabajando en esto desde la sociedad civil, la pregunta es por qué son invisibilizados y por qué el Estado no activa esos mecanismos sociales para trabajar el problema desde distintos ámbitos", señaló Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales.
El especialista fue uno de los participantes de un conversatorio organizado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el que, junto a la exministra de Inclusión Social Berenice Cordero y la ex comisionada de la Verdad de Colombia Lucía González, analizaron esta problemática y ofrecieron algunas propuestas para contrarrestarlo.
Los panelistas coincidieron en que frenar esta captación es "uno de los desafíos más importantes" que tiene el país, ya que "al atacar el reclutamiento se golpea directamente al poder del crimen organizado", pues evita que "se reproduzca" y encuentre ahí "a sus víctimas".
"Por lo general muchos de estos chicos terminan asesinados, encarcelados o despojados de cualquier tipo de rehabilitación social", recalcó Pontón.
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Entre 2019 y 2024, los homicidios en niños, niñas y adolescentes en Ecuador crecieron un 627,5 %, de acuerdo a datos recopilados por Unicef, mientras que solo en 2025, 2.847 menores de entre 12 y 17 años fueron aislados y detenidos por estar presuntamente involucrados en delitos como tráfico de droga, porte de armas, robo y otros, según la Policía.
Por eso, los panelistas consideran que el rol de la sociedad civil es importante, sobre todo el de los grupos comunitarios, que conocen cuáles son las dinámicas de estas bandas criminales en los barrios y las necesidades y realidades por las que los menores se involucran en el crimen organizado.
"Estamos en un momento en que habría que levantar la voz muy duro. El Gobierno debería estar liderando una convocatoria nacional muy profunda a la academia y sociedad civil, pues lo que sucede con los niños y niñas marcará generaciones enteras, así lo hemos vivido en Colombia", señaló González, que lleva más de 40 años trabajando en estos temas en su país.
La especialista indicó que se debe volver la mirada hacia las comunidades y las familias, pues los menores carecen de un "referente identitario fuerte que los sostenga" y de un "lugar del que se sientan parte y se puedan sentir importantes".
Un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) detalla que cada vez más menores se vinculan a estas bandas por el sentido de pertenencia y admiración hacia el colectivo, la protección brindada, así como por la precariedad derivada de la pobreza y la desigualdad social.
"No cuentan con redes de apoyo ni instituciones que les generen espacios de confianza donde poner sus preguntas y sus dolores. Hay que fortalecer los lazos comunitarios. El Gobierno no puede hacer solo este trabajo, pero tiene la obligación de ayudar a construir esto con las organizaciones sociales", recalcó González.
Relató que en Medellín estas organizaciones "lograron una protección impresionante de los niños y niñas" por medio de actividades artísticas, deportivas y comunitarias.
"Monitorear el reclutamiento es complicado, pero lo que sí podemos hacer es generar una serie de acciones que nos permitan cambiar los entornos", concluyó Pontón.