Durante una reunión con dirigentes de los gremios de transportistas, Jerí dijo que su Gobierno, que culminará en julio próximo, tiene poco tiempo para implementar todas esas medidas, pero va "a dejar todo encaminado para que el resultado sea favorable".
"Lo urgente es el tema que nos aqueja a todos los peruanos, que es frenar la ola delincuencial que se ve muy marcada en los últimos meses en el transporte público", sostuvo Jerí ante los dirigentes, con los que se encontró en una carpa instalada por las fuerzas de seguridad en las cercanías a la plaza de toros de Acho, frente al centro histórico de Lima.
El gobernante anunció, en ese sentido, que en los próximos días se van a promulgar varias nuevas medidas de seguridad, entre ellas una que establece multas y tipifica delitos cometidos mediante el uso de motocicletas.
"Sabemos estadísticamente que las motos son las herramientas usadas por los mal nacidos esos", remarcó en referencia a que los sicarios que atacan a transportistas y otros trabajadores se desplazan en esos vehículos.
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Jerí remarcó que la lucha contra la criminalidad "es un trabajo conjunto" y anunció que la Policía va "a redoblar esfuerzos", además de que ofreció coordinar personalmente con la Fiscalía y el Poder Judicial para celebrar una reunión con los transportistas "en el breve tiempo".
Durante el encuentro, los dirigentes de los transportistas pidieron al gobernante que se entreguen más equipos a la Policía, se establezca un trabajo de control territorial y se mejore la iluminación en las zonas periféricas de la ciudad.
Añadieron que "el miedo es tremendo" entre los conductores y los trabajadores de sus empresas, y alertaron que afrontan una grave crisis económica, al tener autobuses paralizados "porque los choferes se han ido por temor a la delincuencia".
Tras asegurar que sufren el embargo de sus activos "porque no están trabajando", pidieron que se analice la posibilidad de otorgar subsidios para "brindar apoyo financiero a los transportistas".
Los gremios afirman que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores, y consideraron que el estado de emergencia decretado desde octubre por el Gobierno "no está dando resultados positivos".
Según el portavoz del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 un total de 73 trabajadores de transporte público han muerto en ataques de bandas armadas y en lo que va del 2026, han fallecido otras tres personas del sector.