Las víctimas siguen viviendo en condiciones extremadamente precarias, y ni la firma de capital japonés ni el Estado ecuatoriano han aplicado plenamente las reparaciones ordenadas por el Tribunal Constitucional, señalaron en un comunicado conjunto el relator de la ONU sobre esclavitud, Tomoya Obokata, y los cinco miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
La sentencia dictada el 5 de octubre de 2024 reconoció violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, entre ellas la existencia de trabajo forzoso, servidumbre o explotación laboral infantil, recordaron.
También determinó que el Estado ecuatoriano no había protegido a las víctimas, permitiendo que los abusos persistieran durante décadas.
Aunque el tribunal ordenó reparaciones integrales para las 342 víctimas, "la aplicación ha sido mínima, limitándose a una disculpa pública del Gobierno en mayo de 2025", lamentaron los expertos.
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Por otro parte la firma Furukawa, que ha rechazado la sentencia, "ha acosado sistemáticamente a los demandantes" y ha dejado a muchos de ellos sin empleo o en condiciones precarias, denunciaron.
"La empresa también ha lanzado una campaña de estigmatización pública, presentando a los demandantes como oportunistas, a pesar de las sentencias (...) que confirman la existencia de prácticas similares a la esclavitud", aseguraron.
Los firmantes aseguraron que Ecuador tiene "una oportunidad histórica" para aplicar íntegramente la sentencia del Tribunal Constitucional, hacer justicia a las víctimas y "evitar que se repitan prácticas similares a la esclavitud".