“El entorno actual en Uganda no cumple con ninguno de los estándares reconocidos internacionalmente para unas elecciones libres, justas o creíbles”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto difundido por la Red Panafricana de Solidaridad.
Según el documento, lo que se desarrollará en el país “no es un ejercicio democrático, sino una campaña de represión patrocinada por el Estado”.
Las ONG denunciaron un colapso institucional de la Comisión Electoral de Uganda (EC), a la que acusan de “grave incompetencia” y de actuar con falta de independencia en la organización de los comicios.
Entre las principales irregularidades citadas figuran problemas en el censo electoral, que contendría inscripciones duplicadas, personas fallecidas y la exclusión de votantes legítimos, en particular jóvenes y simpatizantes de la oposición.
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De acuerdo con las organizaciones, el registro habría sido manipulado hasta el punto de que el partido gobernante del presidente ugandés, Yoweri Museveni, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), afirma contar con 20,1 millones de afiliados de un total de 21,6 millones de votantes inscritos por la EC.
“Incluso el presidente Museveni, principal beneficiario de sus procesos fraudulentos, ha afirmado que la Comisión Electoral supervisó unas elecciones en 2021 en las que perdió más de 2,7 millones de votos”, indicaron.
Las ONG también denunciaron cambios de última hora en la normativa electoral, la adquisición de tecnología de verificación biométrica sin un marco legal vigente y la descalificación de candidatos opositores “sin causas serias”.
“Más de 20 candidatos de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) han sido descalificados fraudulentamente, mientras que aspirantes del partido gobernante han sido declarados sin oposición mediante este proceso”, sostuvieron.
El comunicado alertó además de un ataque selectivo contra la sociedad civil y los medios, tras la suspensión de permisos de varias ONG y la prohibición a la prensa de retransmitir protestas o anunciar resultados electorales, en un contexto donde al menos “diez periodistas han sido brutalmente agredidos”.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Nairobi, capital de Kenia, la coordinadora de la Red Panafricana de Solidaridad, Mwanase Ahmed, aseguró que unas “750 personas se encuentran encarceladas o desaparecidas” desde el inicio de la campaña electoral por expresar posiciones contrarias al Gobierno.
Ahmed denunció asimismo amenazas directas a los votantes en los centros electorales. “Durante la última semana han estado diciendo: ‘Si se quedan cerca del colegio electoral, les dispararemos’”.
“Si el 95 % de los ugandeses quiere participar y ve filas de 400 soldados caminando y escuchan que les dispararán, básicamente están diciendo que estos colegios electorales se convertirán en focos de violencia”, añadió.
Las organizaciones también condenaron el apagón nacional de Internet, que inició el 13 de enero, ya que, a su juicio, “ocultará la verdadera magnitud de las violaciones de derechos humanos”.
En la misma comparecencia, la directora ejecutiva de la Unidad Médico Legal Independiente, Wangechi Kahuria, sostuvo que el Gobierno ugandés “es un régimen que teme la verdad y la voz de sus ciudadanos”, y criticó el corte de internet “dos días antes de las elecciones”, al afirmar que “nada impedirá que la información termine filtrándose”.
Por su parte, Ernest Cornel, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC), advirtió de que la creciente militarización ya está “sembrando el miedo” entre la población y podría disuadir a muchos ciudadanos de acudir a las urnas.
“Esperamos no tener otra Tanzania, pero, a juzgar por lo que está sucediendo actualmente, no podemos descartarlo”, concluyó.