"La implementación de este mecanismo busca incentivar la denuncia, disminuir la omisión de reportes por temor a represalias y mejorar la obtención de información relevante para la persecución penal, garantizando condiciones de seguridad que permitan una intervención fiscal más eficaz frente a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato", informó el Ministerio Público en un comunicado.
Estos lineamientos aprobados establecen un mecanismo excepcional de protección de la identidad del denunciante, mediante la asignación de un código reservado desde la etapa inicial de la investigación fiscal, "con lo que se reduce los riesgos de exposición y represalias que enfrentan las víctimas y testigos al colaborar con las investigaciones".
La resolución donde se activa este código fue emitida por el fiscal general interino, Tomás Gálvez, que acogió la propuesta formulada por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Fecor), Jorge Chávez.
El Ministerio Público expresó que con esta medida concreta se protegen a los ciudadanos afectados por la extorsión y sicariato (asesinato por encargo), en especial a los transportistas y comerciantes, "que hoy sufren el impacto directo de la violencia criminal".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Precisamente este miércoles, diversos gremios de transportistas urbanos pararon sus actividades en Lima y la vecina ciudad del Callao en protesta por el auge de la extorsión y el sicariato en su sector y también para exigir al Gobierno acciones más firmes para frenar la criminalidad.
Los gremios de transportistas anunciaron que 20.000 buses dejarían de trabajar este miércoles en la capital peruana y en las primeras horas del día, el paro fue prácticamente total, pero después del mediodía comenzaron a circular algunas empresas por las avenidas principales.
Se trata del primer paro que acatan durante este año las empresas de transporte público de Lima y el Callao, que durante 2025 ya protagonizaron varias protestas similares donde lograron paralizar sectores enteros de la capital.
Los gremios afirmaron que la delincuencia organizada les exige pagos para transitar por diferentes zonas de la ciudad, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores.
Desde septiembre de 2024 hasta diciembre pasado estos crímenes han dejado 73 muertos en el sector del transporte urbano, de acuerdo al reporte de los mismos gremios.