Los 67 millones de dólares corresponden a la reparación para la empresa ascendente a 40,4 millones de dólares, a los que se asuman los intereses a día de hoy y costas y gastos del proceso, que correrán por parte del mismo Estado peruano.
El laudo, emitido 30 de junio de 2025 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, entró en vigencia después de que Perú no solicitase su anulación en el plazo de 120 que disponía, según indicó la empresa en un comunicado emitido.
El arbitraje se originó cuando el proyecto aurífero Invicta, ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Lima, enfrentó bloqueos comunitarios que impidieron el acceso y la operación del proyecto, lo que derivó en la paralización total de las actividades y, posteriormente, en la pérdida de la inversión, de acuerdo a lo denunciado por la compañía.
Lupaka Gold alegó que las autoridades peruanas no actuaron de manera efectiva para la protección del proyecto ni restablecer el orden, pese a tratarse de una inversión extranjera protegida por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
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Tras varios años de proceso, el tribunal arbitral concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales clave, como el deber de otorgar trato justo y equitativo y protección plena a la inversión, determinando además que los efectos de los bloqueos eran atribuibles al Estado por su falta de acción.
La minera señaló que espera que el Estado peruano cumpla voluntariamente con el pago, pero confirmó que ya ha iniciado acciones para identificar activos de Perú en el extranjero que podrían ser objeto de embargo, conforme a los mecanismos previstos en la Convención del Ciadi.
La misma advirtió que "la demora en el pago incrementa el costo financiero para el Estado, dado que los intereses (9 % al año) continúan acumulándose, y además impacta la reputación internacional del país como destino de inversión por falta de seguridad jurídica".
La semana pasada, el Gobierno peruano anunció que había cumplido con pagar 91 millones de dólares al primer consorcio al que otorgó la concesión para construir y operar el nuevo aeropuerto de Cusco, como indemnización establecida por el Ciadi tras romper el contrato, luego de una cláusula adicional que generó polémica por considerarse lesiva para el Estado al elevar su aporte financiero en el proyecto.