"Todas las operaciones de Petroperú paralizarán del 19 al 21 de enero, advertimos al pueblo peruano del inminente desabastecimiento de combustibles a nivel nacional", anunció la Coalición Sindical Petroperú en sus redes sociales.
El anuncio fue respaldado por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenteprol), según confirmó este miércoles su secretario general, Rafael Noblecilla, en la emisora RPP.
El dirigente afirmó que los trabajadores de Petroperú consideran que Miralles es "la causante de la crisis interna" que afronta Petroperú e informó que el Ministerio de Trabajo ha declarado improcedente la medida de fuerza sindical.
Confirmó, sin embargo, que "la huelga de 72 horas inicia el día 19 de enero y es precisamente para exigir la renuncia de la ministra", tras lo cual ratificó que los trabajadores consideran que se busca privatizar la compañía.
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"Hay una privatización encubierta, que se nota, incluso con el despido de trabajadores. No se habla de despidos, sino de reducción de trabajadores", sostuvo.
A pesar de esto, el dirigente dijo que están "dispuestos al diálogo", pero opinó que la reorganización de la petrolera es un "tema delicado que debe dejarse para el próximo gobierno".
"No descartamos que se evalúe y se hagan los ajustes pertinentes, pero que no sea por un Gobierno transitorio que en cuatro meses dejará el poder", concluyó.
El Gobierno de transición de Perú, que preside el derechista José Jerí, delegó el pasado el 1 de enero a Proinversión, la agencia estatal especializada en atracción de inversiones, la reestructuración del patrimonio de Petroperú, incluida su refinería de 6.000 millones de dólares, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país.
Tras conocerse la decisión, parlamentarios de izquierda también aseguraron que implicaba una privatización encubierta y anunciaron que plantearían una moción para censurar a Miralles por su responsabilidad política.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció este martes que planea utilizar un esquema de fideicomisos para que los activos estratégicos de la empresa reciban capitales privados, pero se mantengan en manos del Estado.
Miralles reiteró, al respecto, que "Petroperú no se privatiza, no se vende" y que el Gobierno, "lo que busca, es enfrentar una situación que no podía continuar y tomar medidas desde el primer día para organizar una empresa que es de todos los peruanos, manteniendo el control del Estado sobre sus activos".
Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares y pérdidas acumuladas netas de unos 2.224 millones de dólares.
Los ingresos de la empresa, que tiene más de 2.600 trabajadores, cayeron de 5.581 millones de dólares en 2022 a 4.009 millones de dólares en 2023 y 3.527 millones de dólares en 2024, mientras que la proyección para 2025 ha sido obtener 3.846 millones de dólares.