El informe, en el que se analizaron datos oficiales, evidencia científica y experiencia en territorio, concluyó también que, pese a ese crecimiento, la diferencia de acceso a la red entre zonas urbanas y rurales sigue siendo de 18 puntos porcentuales y aunque el 88,5 % de hogares cuyo jefe tiene educación superior tiene Internet, esta cifra cae al 38 % en aquellos sin escolaridad.
Además, identificó que el uso mayoritario de Internet en el país se concentra en redes sociales, mensajería y entretenimiento, mientras que su aplicación en educación, trabajo y trámites públicos continúa rezagada, especialmente fuera del sistema educativo formal y en los sectores rurales e informales.
El informe advierte también sobre la persistencia del analfabetismo digital, entendido no solo como la falta de acceso a dispositivos, sino como la dificultad para desenvolverse de forma autónoma, segura y eficaz en entornos digitales, lo que limita el acceso a derechos, servicios y oportunidades.
Esto afecta de manera desigual a distintos grupos de la población y se profundiza entre adultos mayores, personas con baja escolaridad, hogares de menores ingresos, mujeres en zonas rurales y personas con discapacidad, que enfrentan barreras adicionales de acceso, formación, tiempo y accesibilidad tecnológica.
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El documento señala además que la digitalización del Estado sigue siendo parcial y poco amigable, con trámites que aún requieren presencia física, plataformas poco integradas y una baja confianza ciudadana debido a problemas de usabilidad y ciberseguridad.
Ante este escenario, el laboratorio propuso una serie de líneas de política pública orientadas a cerrar las brechas de inclusión digital, entre ellas un programa nacional de formación digital, el desarrollo de un Gobierno digital accesible y centrado en la ciudadanía, el fortalecimiento de la ciberseguridad pública y la priorización de grupos vulnerables en los procesos de alfabetización tecnológica.