La organización CooperAcción presentó este miércoles en Lima un informe que, según sus conclusiones, demostró que los planes de reparación de la empresa española Repsol, operadora de la Refinería La Pampilla, no han sido aprobados por el Estado por no contener respuestas concretas para remediar el daño ambiental.
El presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, Luis Díaz, comentó que pidió medidas eficientes para superar la realidad que viven.
"Cuatro años después, el daño no ha sido plenamente reparado, el mar no ha sido sanado y cientos de familias de pescadores siguen enfrentados por consecuencias económicas, sociales y productivas", agregó.
El director de CooperAcción, Alejandro Chirinos, recordó que 11.900 barriles fueron vertidos a las costas limeñas el 15 de enero de 2022 mientras un buque descargaba crudo para la refinería, y aún, muchas playas siguen cerradas.
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También, afirmó que las familias que vivían del mar están experimentando una "expulsión silenciosa y muchos pescadores han tenido que dejar la pesca para migrar a otras actividades ocupacionales".
Chirinos aseveró que ninguno de los planes de rehabilitación presentados por Repsol han sido aprobados por el Estado por tener hasta 606 diversas falencias observadas por las autoridades correspondientes.
El biólogo marino Stefan Astermuller realizó una expedición en diciembre de 2025 a la playa Cavero, en el distrito de Ventanilla (Callao), donde junto a pescadores, recogió varias bolas de alquitrán y, de acuerdo a su reporte, constataron que la contaminación persiste y es mayor a la que indicó la empresa.
El especialista declaró que el principal problema es que Repsol no reconoce el daño causado al asegurar que ya está todo limpio, y presentó informes "que no tienen validez científica", pues acusó a la empresa de manipular datos.
Tanto el especialista como los pescadores expusieron que, por ejemplo, la playa de Pasamayo, una de las afectadas directamente por el derrame, era una zona de desove de multitud de especies marinas, pero que debido a la contaminación esto ya no ocurre.
Los pescadores recordaron que en diciembre pasado presentaron una demanda para anular el convenio suscrito al considerar que vulneró derechos fundamentales y valoró correctamente las indemnizaciones a pagar por la empresa.
Por su parte, frente a estas posturas, Repsol reafirmó nuevamente que ha cumplido su compromiso con las comunidades afectadas y contradijo a los colectivos de pescadores al señalar que las labores de limpieza realizadas permitieron "que las actividades productivas y el uso de las playas se lleven a cabo con normalidad".
La empresa recordó que destinó más de 1.300 millones de soles (unos 387 millones de dólares) en indemnizaciones, compensaciones a los afectados, limpieza, planes de rehabilitación y monitoreo.
"Solamente en compensación social, se han destinado 612 millones de soles (unos 182 millones de dólares) para más de 10.500 personas", enfatizó.
"Así, han sido compensados más del 99,9% de los afectados ubicables identificados directamente por el Estado peruano en el Padrón Único de Afectados. Es importante señalar que este padrón fue elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros", concluyó la compañía.