Los 24 voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI) se enfrentaban también a los cargos de formación de una organización criminal y blanqueo de capitales, delitos que podrían haberles acarreado penas de hasta 20 años de cárcel.
Los ahora absueltos dieron apoyo entre 2015 y 2018 a operaciones de búsqueda y rescate de refugiados en el mar en Lesbos, adonde llegaron solo en 2015 más de medio millón de personas.
La decisión judicial se dictó tras la conclusión de las declaraciones de todos los acusados y la intervención de la fiscalía, que propuso la absolución total de todos los acusados, según el portal Stonisi.
El tribunal concluyó que no hay ninguna prueba que sustentara los graves cargos contra los trabajadores humanitarios.
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"Las absoluciones son una reivindicación para los acusados, pero también son agridulces. Dos docenas de personas fueron sometidas a un calvario legal de siete años por cargos infundados por salvar vidas", señaló en un comunicado Eva Cossé, investigadora de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW).
La oenegé ya calificó ayer el juicio contra los activistas como una "tergiversación perversa del trabajo humanitario que salva vidas".
Entre los acusados se encuentra la exnadadora y activista siria Sarah Mardini, cuya travesía desde Siria hasta Lesbos inspiró la película de Netflix 'Las nadadoras'.
También estaban acusados el expresidente de ERCI, el rescatista griego Nasos Karakitsos; y el buzo de rescate irlandés Seán Binder.
Karakitsos, Binder, Mardini y otros tres miembros de ERCI fueron arrestados en 2018 y pasaron más de cien días en prisión preventiva antes de ser liberados en espera de juicio.
En enero de 2023, un tribunal de Lesbos retiró los cargos por falsificación de documentos y espionaje contra los acusados, considerándolos infundados, al igual que otros delitos menores que se les imputaban.
No obstante, las autoridades judiciales decidieron proseguir con la acusación respecto a los delitos mayores, de los que todos los acusados han sido hoy absueltos.
En un informe del Parlamento Europeo publicado en 2021, el caso fue calificado como "el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa".