La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló en un comunicado que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un "riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte".
En ese sentido, el Gobierno señaló que busca recaudar 11,1 billones de pesos (unos 2.950 millones de dólares) adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la "situación financiera" del país.
Esto ocurrió luego de que el Congreso hundiera dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.300 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.
En ese sentido, el Gobierno publicó el 30 de diciembre los nuevos tributos que incluyen un aumento del impuesto al patrimonio.
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En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo incrementará para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedará en el 19 %.
Al respecto, la FND señaló que buscará a través de las vías judiciales frenar lo más pronto posible "lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia".
"En este análisis se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte", agregó la información.
La reforma tributaria hundida en diciembre fue la tercera de este tipo presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir el cargo, pero le rechazó otra en 2024.
La oposición asegura que en vez de la reforma tributaria, el Gobierno, al que acusan de derrochar los recursos del Estado, debería reducir el elevado nivel de gasto público para no agrandar el déficit fiscal.