La demanda fue presentada por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) en la Corte Suprema del estado por "violar flagrantemente" las Leyes de Trabajadores de Reparto "con tácticas impactantes que incluyen cobrar a los repartidores una tarifa de 10 dólares por pedidos cancelados y deducir el costo de los pedidos reembolsados", señaló un comunicado de la Alcaldía.
El Departamento, que dirige el comisionado Samuel Levine, estima que Motoclick y su director ejecutivo Juan Pablo Salinas Salek deben millones a los trabajadores en salarios robados y daños y perjuicios, por lo que busca cerrar la empresa por completo.
"Motoclick y su director ejecutivo engañaron a los neoyorquinos para que trabajaran para su plataforma con falsas promesas y luego les robaron sus propinas y ganancias, a veces incluso llevando a los trabajadores al endeudamiento", indicó el comisionado, y advirtió a otras aplicaciones que "si estafan a sus trabajadores, los haremos responsables a ellos y a sus ejecutivos".
Levine también envió un recordatorio a las aplicaciones Instacart, DoorDash, Grubhub, Uber y otras, pidiéndolas que se adhieran a las nuevas Leyes de Trabajadores de Reparto que entran en vigencia el 26 de enero, relacionadas con las protecciones a las propinas, transparencia salarial, aumento de la tasa de pago mínima a más repartidores, expansión de la tasa, derechos de pago puntuales y semanales y mejor acceso a los baños para los trabajadores de reparto.
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La demanda fue presentada dos días después de un informe del DCWP que reveló que DoorDash y Uber habían inventado trucos de diseño en sus aplicaciones para privar a los trabajadores de 550 millones de dólares en propinas.
Estas acciones ocurren mientras el comisionado Levine intensifica los esfuerzos para acabar con las aplicaciones de entrega, revertir las pérdidas de trabajadores mediante la aplicación agresiva de las Leyes de Trabajadores de Reparto y responsabilizar a las empresas y a los individuos por estafar a los repartidores, mayoritariamente inmigrantes.
"Los deliveristas facilitan la vida cotidiana de millones de neoyorquinos. Hoy es el final de un capítulo de explotación ingrata", indicó el alcalde Mamdani.
"Nuestro Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador está tomando medidas enérgicas contra todo, desde violaciones infundadas de la ley hasta trucos engañosos que perjudican a nuestros trabajadores de reparto", agregó.
Por su parte, Ligia Guallpa, directora ejecutiva del Proyecto Justicia Laboral y cofundadora de la campaña Los Deliveristas Unidos, dio la bienvenida a la acción legal y a Levine en su decisión de apoyar a los 80.000 trabajadores de reparto de aplicaciones "que son esenciales para la economía de la ciudad y socios fundamentales en la aplicación de las leyes que protegen a todos los trabajadores".