"La condena de Sandra Muhoza a cuatro años de prisión es devastadora por su crueldad e injusticia", afirmó este jueves en un comunicado Muthoki Mumo, coordinadora del programa para África del CPJ, después de que se dictara este martes la sentencia, que también incluye una multa de 200.000 francos burundeses (unos 58 euros).
Muhoza trabaja para el diario digital La Nova Burundi y compareció ante el Tribunal Superior de la ciudad de Ngozi (norte) el pasado diciembre visiblemente debilitada y usando una muleta.
La informadora fue detenida en abril de 2024, después de mandar mensajes en un grupo de periodistas sobre la presunta distribución de machetes en el país.
En diciembre de ese mismo año, fue condenada por acusaciones de socavar la integridad del territorio nacional de Burundi e incitar al odio étnico y se le impuso una pena de 21 meses, según documentos judiciales vistos por el CPJ.
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Sin embargo, en mayo del año pasado, el juicio inicial resultó invalidado por un problema de jurisdicción después de un recurso presentado por sus abogados y, el pasado octubre, se inició un nuevo proceso con los mismos cargos.
"El caso contra ella era falso, las autoridades han pisoteado repetidamente sus derechos procesales y su continua persecución pone de manifiesto el absoluto desprecio de Burundi por la libertad de expresión", aseveró Mumo.
"Debería ser puesta en libertad incondicionalmente", zanjó.
Por su lado, RSF tildó la condena de "extremadamente severa" y señaló en otro comunicado que esta pena demuestra la intención de las autoridades judiciales burundesas de "seguir tratando el periodismo como un crimen".
En declaraciones a esta ONG, uno de los abogados de Muhoza, Rémy Nsabimana, aseguró que recurrirán la sentencia y afirmó: "Acusamos al juez de interpretar erróneamente el derecho penal: los hechos no se ajustan a los estipulado en el Código Penal de Burundi. No se ha cometido ningún delito y no hay pruebas convincentes de culpabilidad, lo que debería dar lugar a una absolución incondicional".
Burundi ocupa el puesto número 125 de un total de 180 estados y territorios en el índice de libertad de prensa de RSF.