"Yo espero y confío que para junio anunciamos al país la decisión tomada por el Gobierno" respecto a la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, declaró el jefe de Estado en su conferencia de prensa semanal.
La mina a cielo abierto, que en el 2022 produjo el 2 % del mineral a nivel mundial, quedó inhabilitada luego de que el contrato de concesión fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023 por la Corte Suprema de Justicia porque violaba 25 artículos constitucionales.
Esta decisión judicial, tomada casi 15 años después de que ambientalistas denunciaran el contrato de concesión, se concretó en medio de las mayores protestas públicas en Panamá en décadas, que mezclaron un rechazo a la minería y al gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo (2019-2024/ Partido Revolucionario Democrático).
En el marco de un plan de mantenimiento cuya ejecución ordenó el Gobierno a finales de mayo pasado, "la mina está siendo atendida por expertos", recalcó Mulino, y reiteró que está a la espera de una asesoría técnica ofrecida por Chile, que cuenta con una industria minera de cobre estatal "muy grande".
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La mina Cobre Panamá, de cerca de 13.000 hectáreas, era la única explotación de este mineral en el país centroamericano. Representaba 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos, de acuerdo con las cifras del Ejecutivo panameño y de la empresa, que sitúan además en unos 10.000 de dólares la inversión.
El yacimiento cuenta con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables y una capacidad de producir más de 300.000 toneladas de cobre al año junto con oro, plata y molibdeno, según datos de la empresa.
La reapertura de la mina es tema que gravita en Panamá no exento de polémica: los ambientalistas y algunos sectores civiles organizados insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, mientras que los extrabajadores del enclave, sectores económicos y una parte de la opinión pública claman por su pronta reactivación.
No está claro si ya está en marcha un diálogo anunciado por el Gobierno y First Quantum sobre la mina, que comenzaría basado en la propiedad estatal de la tierra y sus minerales, como dijo el presidente Mulino en octubre pasado.
First Quantum y su socio Franco Nevada Corp. suspendieron meses atrás los arbitrajes internacionales interpuestos tras el cierre de la mina, una condición exigida por Mulino para avanzar en una negociación.
En total, se presentaron cuatro arbitrajes internacionales contra Panamá por un total de 29.000 millones de dólares, de los cuales tres, que suman 27.000 millones de dólares, están suspendidos y uno, por 2.000 millones de dólares, "fue desistido de manera definitiva", explicó en octubre pasado ante una comisión parlamentaria el titular del Ministerio de Comercio e Industria (Mici), Julio Moltó.