"La verdad es que esto es un retroceso, y muy funesto, que va a traer consecuencias y ustedes la van a ver", declaró Arriola a la emisora RPP tras la presentación de una presunta banda criminal integrada por tres menores de entre 15 y 17 años, acusada de cometer robos a mano armada en distritos del sur de Lima.
El jefe policial remarcó que la resolución del TC "sí es un retroceso" y dijo que opinar de esa manera le "puede traer algún tipo de problema", pero él siempre está "acostumbrado a decir la verdad".
"Estas personas, con estas edades, siembran el terror, el caos, la zozobra, y entonces una mirada, desde mi punto de vista, desde los derechos fundamentales garantistas no ayudaría en absolutamente nada en esta lucha", sostuvo.
A pesar de ello, el jefe de la Policía peruana remarcó que su institución respeta las normas y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y cumplirá con la legislación vigente.
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La presidenta del TC, Luz Pacheco, informó este viernes que se declaró inconstitucional la ley promulgada por el Ejecutivo en noviembre pasado, por considerar que los artículos del Código Penal y del Código de Ejecución Penal que introducían a este grupo de menores de edad en el sistema penal ordinario vulneran principios constitucionales y leyes internacionales.
Por ese motivo, el Constitucional ordenó que los procesos en curso sean archivados y que los adolescentes internados en cárceles comunes para adultos sean trasladados inmediatamente a centros juveniles especializados.
La decisión también restableció que la edad mínima de imputabilidad penal en Perú es 18 años, y que los menores deben ser procesados únicamente bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA).
Pacheco dijo reconocer la preocupación del Congreso ante la ola de crimen organizado que se ha desatado en su país, pero remarcó que el TC no dice 'no los juzguen', sino que 'no lo hagan como si fuera un adulto'".
La norma se aplicaba desde noviembre último a más de 30 delitos graves, entre ellos homicidio simple y calificado, lesiones graves, secuestro, violación sexual, narcotráfico, terrorismo, sicariato, extorsión, trata de personas, robo agravado y organización criminal.
A pesar de que se buscaba aplicar el régimen penal ordinario a los menores, los adolescentes iban a seguir bajo un sistema de protección que consideraba su edad, entorno familiar y social, desarrollo psicológico y situación particular de cada interno para determinar el tipo de tratamiento penitenciario.
La ley fue firmada por el presidente de transición de Perú, José Jerí, tras haber sido aprobada por el Congreso con el objetivo de enfrentar los casos de sicariato y extorsión que las bandas de crimen organizado han extendido en el país y que en muchos casos utilizan a menores de edad para cometer esos delitos Tras conocerse la decisión, el parlamentario Alejandro Muñante, del partido ultraconservador Renovación Popular, rechazó la decisión del TC y anunció que promoverá una reforma constitucional para establecer una edad mínima de responsabilidad penal en casos excepcionales.