El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que los tributos adoptados mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025 "responden a una política de salud pública" basada en evidencia científica y buscan reducir el consumo de productos nocivos, prevenir muertes evitables y generar recursos adicionales para financiar servicios esenciales como la salud y la educación.
La cartera explicó que el incremento de impuestos permitirá disminuir el consumo de vino en un 20 % y de bebidas espirituosas en un 16 %, así como una reducción significativa en el consumo de cigarrillos y vapeadores, especialmente entre niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables.
El pronunciamiento se produce después de que la Federación Nacional de Departamentos (FND) anunciara que demandará el decreto de emergencia económica expedido por el Ejecutivo tras el hundimiento en diciembre de la reforma tributaria en el Congreso, al considerar que existe un "riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales".
Los gobernadores cuestionan, en particular, el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 al 19 % para los licores, exceptuando la cerveza, al advertir que estos gravámenes afectan ingresos que históricamente han financiado sectores como la salud, la educación y el deporte en las regiones.
Frente a ello, el Ministerio de Salud aseguró que la medida "no vulnera la autonomía territorial ni compromete los recursos ordinarios de los departamentos", al señalar que únicamente los ingresos adicionales derivados del aumento de tarifas se destinan al Presupuesto General de la Nación, una práctica que, según el Gobierno, se ha aplicado en reformas anteriores.
El Ejecutivo sostiene que con los nuevos impuestos espera recaudar 11,1 billones de pesos (unos 2.950 millones de dólares) en 2026 para equilibrar la situación fiscal del país, tras el rechazo en el Congreso del proyecto de reforma tributaria con el que buscaba obtener 16,3 billones de pesos (unos 4.410 millones de dólares).
Mientras tanto, la FND evalúa la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad -medida de la que ya echó mano el Gobierno en el pasado cuando el Legislativo hundió la reforma laboral- y otras acciones judiciales, a la espera de un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional sobre la validez del decreto de emergencia.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda anunció que el próximo lunes se reunirá con los gobernadores para revisar la aplicación del decreto expedido en el marco de la emergencia económica, mientras avanza el debate jurídico sobre la constitucionalidad de la medida.