En una declaración, ese organismo señaló a "la dictadura de Nicaragua", que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de desacatar las resoluciones de la Corte IDH "sobre las que nunca ha informado sobre su cumplimiento y, por el contrario, las ignora sistemáticamente".
"Hoy, decenas de nicaragüenses continúan privados arbitrariamente de su libertad en condiciones inhumanas, sometidas a tortura y malos tratos que han sido documentados por este Colectivo y otras organizaciones", sostuvo.
Esa ONG explicó que quienes han sido excarcelados enfrentan una suerte de “muerte civil”, pues se les niega acceso a empleos, se les restringe la movilidad y deben reportarse diariamente ante las autoridades, "es decir aún no gozan de libertad".
El Colectivo aseguró que ha documentado casos donde a las personas sobrevivientes de torturas les han amenazado al excarcelarlas diciéndoles “solo tenés derecho a vivir”.
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Asimismo, recordó que el pasado 10 de enero al menos 24 opositores y críticos con el Gobierno, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, "fueron excarceladas por el régimen Ortega Murillo tras firmar cartas de compromiso y bajo amenazas".
"Ahora enfrentan constante vigilancia policial y paraestatal, deben presentarse diariamente en las delegaciones policiales de sus municipios de residencia y tienen restringidos sus derechos de movilidad, de expresión, de reunión y comunicación con el exterior", denunció esa ONG.
Por tanto, ese organismo hizo "un llamado firme y urgente a la comunidad internacional en su conjunto, y de manera especial a los Estados del continente americano y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que, en el marco de sus obligaciones individuales y colectivas, asuman un rol activo frente a la grave y persistente crisis de derechos humanos en Nicaragua".
En ese sentido, el Colectivo exhortó "a la activación efectiva de la garantía colectiva exigida en reiteradas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de asegurar el cumplimiento inmediato de sus resoluciones, que han ordenado de manera reiterada la liberación de las personas presas políticas, el restablecimiento de la nacionalidad de las personas desterradas", entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".