"Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes", indicó Mariana González, sin ahondar en detalles, en un comunicado compartido en su cuenta de X.
Aseguró que en estas tres ocasiones "hubo testigos", quienes, afirmó, escucharon "íntegramente" todo lo que se le dijo, y detalló que estas "extorsiones" se "llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos".
"Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos", reclamó.
"Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad", agregó Mariana González.
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A su juicio, existe un "sentimiento de venganza" que se ha "volcado" contra su esposo, quien -consideró- ha sido "víctima de un proceso penal sin pruebas y de una cruel venganza política".
En este sentido, argumentó que el expediente judicial contra Tudares "es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos" al asegurar que "no existen testigos" ni "existen evidencias" contra su esposo, ni tampoco "hechos demostrables" que constituyan delito.
Mariana González aclaró que "nunca" se le permitió acceder al expediente de Tudares ni se le entregó una copia. Sin embargo, añadió, su esposo, abogado de profesión, "revisó íntegramente su propio expediente y pudo constatar que no había pruebas en su contra".
Por tanto, afirmó que la condena impuesta contra Tudares de 30 años de prisión "constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos".
En junio de 2024, Mariana González afirmó que Tudares "quedó atrapado injustamente y es una víctima" de un conflicto político, que llevó, además, a González Urrutia a exiliarse en España en septiembre de 2024, desde donde reclama la Presidencia de Venezuela al afirmar que resultó ganador en las elecciones presidenciales.
A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos excarcelados.