El incidente dejó al menos 38 mineros muertos, según organizaciones de la sociedad civil, aunque las fuerzas de seguridad sólo han reconocido oficialmente el fallecimiento de siete personas, incluido un agente, indicó la ONG pro derechos humanos en un comunicado.
"Las pruebas disponibles indican que la Policía de Mozambique utilizó una fuerza letal innecesaria y excesiva (incluyendo disparos), lo que provocó la muerte y lesiones a un número aún sin confirmar de personas", afirmó Sheila Nhancale, investigadora sobre África en HRW.
El Gobierno debe "garantizar una investigación creíble y transparente de este terrible incidente, exigir responsabilidades y reparar los abusos cometidos", añadió.
Los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre, cuando estallaron enfrentamientos entre mineros artesanales y la Policía en la zona minera de Marraca, en el distrito de Mogovolas (rica en oro y piedras preciosas), donde las comunidades locales y mineros de pequeña escala han operado durante años en terrenos para los que el Gobierno había dado concesiones a empresas privadas.
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Durante este tiempo, las autoridades "no han establecido mecanismos de mediación eficaces, alternativas económicas o procesos de reasentamiento eficaces", según HRW.
La Policía argumentó que uno de sus campamentos fue atacado por miembros de una milicia local, los Naparamas, y por seguidores del partido Alianza Nacional para un Mozambique Libre y Autónomo (ANAMOLA), formación del líder opositor y excandidato presidencial Venâncio Mondlane, impulsor de las masivas protestas postelectorales que sacudieron el país entre octubre de 2024 y enero de 2025.
Según la Policía, los atacantes usaban máscaras y cintas rojas en la cabeza y portaban armas blancas, al tiempo que fueron detenidos cinco sospechosos "para restablecer el orden público".
Gamito Carlos, director de la ONG Kóxukhoro, con sede en Nampula, aseguró a HRW que ninguna de las víctimas tenía tarjetas de membresía del partido, si bien los mineros no han negado que llevaran armas blancas que utilizan para extraera minerales.
"No se trató de disturbios públicos, sino de una acción punitiva y desproporcionada contra civiles indefensos", declaró Carlos a medios locales tras el incidente.
Según relataron diversas fuentes a HRW, existían acuerdos informales entre la Policía y los mineros locales, que pagan a las fuerzas de seguridad entre cincuenta y cien meticais (entre 0,6 y 1,3 euros) para poder explotar esos terrenos.
Al parecer, cuando policías que no estaban al tanto de estos acuerdos intentaron expulsarlos, estalló la violencia y los mineros aseguraron a un periodista local que la Policía disparó de manera "indiscriminada" contra la gente, de acuerdo con HRW.