En un comunicado conjunto, varias ONG defensoras de derechos humanos, civiles y políticos publicaron un decálogo que incluye la liberación "plena, incondicional e inmediata" de todas las personas "privadas arbitrariamente de la libertad".
Las organizaciones, entre las que se encuentran Provea y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), pidieron "acceso pleno, seguro e independiente" al territorio venezolano para los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, incluyendo el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos.
Esta instancia de la ONU estableció una oficina técnica en Venezuela en septiembre de 2019, pero sus actividades fueron suspendidas por el Gobierno en febrero de 2024.
La oficina retomó sus actividades dos meses después y en julio del año pasado el Parlamento declaró 'persona non grata' al alto comisionado, Volker Türk, y a los miembros de su oficina, tras la presentación de un informe sobre el deterioro de las libertades fundamentales en el país caribeño en 2024 y 2025.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Asimismo, las ONG pidieron la derogación o nulidad "por inconstitucionalidad" del decreto de conmoción exterior, que entró en vigencia el pasado 3 de enero, tras el ataque militar de EE.UU. en Venezuela, así como otras legislaciones que, afirmaron, son "utilizadas para la criminalización de personas percibidas como opositoras".
Entre otros puntos, las ONG exigieron medidas "urgentes" para el desarme y desmantelamiento de las estructuras o cuerpos de seguridad que "ejerzan acciones ilegítimas de intimidación, persecución o represión", y la "plena cooperación" con la respuesta humanitaria en el país suramericano, bajo la coordinación de la ONU.
También pidieron "anuncios y acciones concretas" que demuestren el "reconocimiento, respaldo, respeto y garantías de protección" para el ejercicio y defensa de derechos humanos, la libertad de prensa y la pluralidad política.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero, se refirió la semana pasada a la apertura de un "nuevo momento político" en el país suramericano.
Su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció hace dos semanas la excarcelación de un "número importante" de detenidos, sin precisar cuántos. La mandataria encargada luego habló de que se habían dado 406 excarcelaciones.
Desde entonces, la ONG Foro Penal, que encabeza la defensa de presos políticos, ha verificado más de un centenar de excarcelaciones, mientras activistas y familiares se han congregado en las afueras de diversas cárceles para pedir la libertad plena de los detenidos.