En una publicación en X, JEP denunció que el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) cumplió los 50 días detenido sin que hasta el momento haya "información oficial sobre su paradero, su estado de salud ni los cargos en su contra".
En ese sentido, consideró que "la falta absoluta de información" sobre su situación es una "grave violación de derechos humanos" y, además, "se ajusta a la definición de desaparición forzosa".
"Resulta especialmente alarmante que José Elías Torres tenga 74 años de edad y requiera medicación diaria por diversas patologías, lo que incrementa de manera significativa el riesgo para su vida e integridad personal", añadió la ONG que recordó que su detención se dio "sin orden judicial".
Por su parte, Provea recordó en X que las autoridades deben "garantizar el derecho a la libertad sindical" y aseguró que todos los dirigentes sindicales y trabajadores "detenidos arbitrariamente" deben ser liberados "inmediatamente".
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Ambas organizaciones difundieron un video de Manuel Torres, hijo del líder sindical, quien insistió que la familia no tiene información sobre la acusación contra el gremialista, ni sus condiciones de encierro.
"Nos ha llegado información de que se ha escuchado a mi padre gritar su nombre cuando se abre la puerta de su celda en El Helicoide, sin embargo, se nos niega cualquier confirmación oficial", relató Torres hijo en el video.
Asimismo, recordó que su padre era "uno de los principales participantes" de los diálogos sociales, como parte del Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los cuales también participa el Gobierno.
El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante" de detenidos en el país suramericano.
Desde entonces, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, ha verificado 166 excarcelaciones; mientras que la ONG Foro Penal, que dirige la defensa de estos detenidos, confirmó 143 hasta este lunes.
La PUD contabiliza al menos 946 que permanecen encarcelados, una cifra que Foro Penal estima en 777.
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles de las identidades, cantidad de excarcelados y condiciones de estas medidas.