"Quienes están al frente de la conducción del país no pueden eludir su responsabilidad (...). Deben cumplir su obligación constitucional de informar responsable y oportunamente sobre la liberación de las personas detenidas por razones políticas", señaló Provea en X.
En ese sentido, dijo que las autoridades están obligadas a publicar "de manera clara y desagregada" los "nombres de las personas excarceladas", su centro de reclusión, las condiciones de salud, las causas penales y las condiciones procesales en las que se dio la liberación, así como el cuerpo policial y militar que los detuvo.
Tras el anuncio, "ha aumentado la angustia y la incertidumbre entre los familiares de los presos políticos, contribuyendo a la revictimización de los detenidos y prolongando la situación de trato cruel, inhumano y degradante a todo el núcleo familiar, producto de la ausencia de certezas sobre el futuro inmediato", añadió la ONG.
Durante una sesión del Parlamento celebrada el pasado 13 de enero, Rodríguez puso a disposición las listas con los nombres de presos políticos excarcelados, luego de anunciar días antes la liberación de "un número importante" de personas.
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El anuncio -formulado el 8 pasado de enero, tres después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores- ha provocado que familiares aguarden a las afueras de centros de detención esperando por la excarcelación de sus seres queridos.
La mandataria encargada anunció el 15 de enero que han sido liberadas 406 personas desde diciembre pasado y aseguró que el proceso continúa abierto.
Sin embargo, la ONG Foro Penal, que se encarga de la defensa de muchos de estos presos, registró 143 excarcelaciones desde el 8 de enero hasta el día 19, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó en ese mismo período 163.
Foro Penal contabilizaba hasta este lunes 19 de enero un total de 777 presos políticos en Venezuela.