La declaración se firmó en el 'Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 Años de los Poderes Judiciales en América Latina', un evento que se inauguró este jueves en Lima y que concluye este sábado.
El documento fue suscrito por la presidenta del Poder Judicial de Perú, Janet Tello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo; el titular de la Corte Suprema de Costa Rica, Orlando Aguirre; el presidente de la Suprema Corte de Uruguay, Jhon Pérez; así como por la titular de la Corte Suprema de Panamá, María Chen.
"Durante dos siglos, los poderes judiciales de nuestras naciones han enfrentado vicisitudes; guerras civiles, dictaduras militares, crisis económicas devastadoras, pobreza y discriminación en el acceso a derechos y transiciones democráticas convulsas, y siempre se han erigido como baluartes de la legalidad en medio del caos", indica la declaración.
Agrega que pese a estos desafíos, las judicaturas latinoamericanas han resistido amenazas persistentes a su independencia, como intentos de control político y mediático, reformas legislativas contrarias al orden constitucional y asedios presupuestarios "que buscaron y buscan" someter a la Justicia a intereses transitorios.
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"En el presente, América Latina atraviesa una grave situación de inseguridad, crimen organizado y violencia sistémica que demanda a los jueces celeridad, firmeza y autonomía para garantizar el derecho fundamental y el Estado de derecho", sostiene.
Por estos motivos, los cinco países apuntaron que resulta imprescindible fortalecer institucionalmente a los poderes judiciales con condiciones dignas de trabajo, un respaldo presupuestario adecuado y una modernización tecnológica para ofrecer una justicia óptima a los ciudadanos.
"La innovación digital y la cooperación interjudicial transnacional son esenciales para una justicia célere, eficaz y accesible en el siglo XXI", señala.
La declaración expresa a la comunidad internacional el firme compromiso de las judicaturas latinoamericanas, que en su bicentenario han mostrado ser "un legado de resilencia", en la defensa del Estado Constitucional de Derecho, la independencia y transparencia judicial y la dignidad de la función jurisdiccional en la región.
Además, se comprometen a utilizar todas las herramientas legales para garantizar los derechos fundamentales y juzgar oportuna y enérgicamente la criminalidad, la corrupción y las violaciones a los derecho humanos sin ceder a presiones coyunturales.