En un comunicado, la organización pidió a ambas partes en el conflicto proteger a la población civil y respetar los derechos humanos", y sostuvo que "no deben bloquear arbitrariamente la entrega de ayuda ni destruir o bloquear el acceso a infraestructuras críticas".
"Deben brindar pleno apoyo a las personas desplazadas, incluidos los sospechosos del Estado Islámico (EI) y sus familiares detenidos ilegalmente en campamentos, y garantizar que ninguna persona bajo su custodia sea acosada, detenida arbitrariamente ni maltratada", añadió HRW.
"En el intercambio de propaganda entre las FDS y el Gobierno sirio sobre quién comete cada abuso, los civiles pagan el precio más alto", dijo en el comunicado el subdirector para Oriente Medio y el norte de África de HRW, Adam Coogle.
La escalada entre fuerzas gubernamentales sirias y las FDS se ha intensificado este mes de enero en el noreste, pese al alto el fuego entre ambas partes que entró en vigor el 18 de enero y la mediación internacional.
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El pasado 6 de enero, las fuerzas sirias y los kurdos comenzaron a combatir en dos barrios predominantemente kurdos de Alepo, pero fue el 17 de este mes cuando se desató un enfrentamiento militar más amplio, tras tomar el Ejército sirio el control de las provincias de Al Raqa (norte) y Deir al Zur (este).
Después, avanzaron hacia zonas de la provincia nororiental de Al Hasaka, donde se encuentran centros de detención de los sospechosos del EI.
"Ambas partes han cometido anteriormente graves abusos contra los derechos humanos en contextos similares, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores y profanación. Ambas partes parecen haber cometido abusos que violan el derecho internacional en la actual escalada", denunció HRW.
Asimismo, les instó a tomar todas las medidas posibles para garantizar la protección de los civiles y los bienes civiles durante las operaciones militares, insistiendo en que las "leyes de la guerra prohíben estrictamente los ataques indiscriminados".
"Las partes deben garantizar que los civiles puedan huir, que estén seguros y que tengan acceso a la ayuda incluso si se niegan a irse", añadió.
Hasta el 18 de enero, 6.000 personas habían llegado a centros de desplazamiento en las provincias de Alepo y Al Hasaka, mientras que aproximadamente 7.000 se encontraban en tránsito, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
HRW aseguró que ha recibido informes "fidedignos de que los habitantes de Alepo y Al Hasaka no tuvieron acceso a electricidad ni agua durante varios días durante los enfrentamientos", así como en otras zonas donde hubo choques.
"El noreste de Siria también fue escenario de importantes ofensivas de la coalición liderada por Estados Unidos contra el EI. Hasta el 19 de enero, más de 28.000 personas, presuntamente familiares de miembros del EI, permanecían detenidas ilegalmente en condiciones que ponían en peligro su vida en los campamentos de Al Hol y Roj", añadió.
La organización denunció abusos y sostuvo que las partes que controlan efectivamente los campamentos y centros de detención "deben garantizar que se permita la entrada de ayuda y que los residentes de los campamentos no sean maltratados".