"Lo más importante es la honestidad, y el incremento en los ingresos no se habría podido lograr si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días", afirmó Sheinbaum.
La mandataria mexicana detalló que el ingreso por aduanas incrementó un 25 %, entre 2024 y 2025, pasando de un billón de pesos (unos 57.800 millones de dólares) a un billón 250.000 millones de pesos (unos 72.300 millones de dólares).
Por ello, Sheinbaum felicitó al equipo de la ANAM y a los titulares de las aduanas del país, cuya operación -recordó- está a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) en los puertos y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las aduanas terrestres.
"Este año (2026) vamos por otros 250.000 millones adicionales, es decir, llegar a un billón 500.000 millones de pesos en los ingresos a las aduanas, y además lograr mayor eficiencia en todos los procesos", adelantó la presidenta.
Sheinbaum resaltó además el trabajo de la Agencia de Transformación Digital, cuyos avances en los procesos de digitalización de las aduanas en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), también han permitido que suban los ingresos.
"Pero por encima incluso de la digitalización, lo más importante es la honestidad", sostuvo.
En septiembre pasado, se destapó una red de contrabando y evasión fiscal de combustible, conocido como 'huachicol fiscal', que operaba desde el puerto de Tampico (Tamauilpas), con la implicación de altos mandos de la Marina.
En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Semar, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al menos otros nueve marinos y funcionarios aduaneros fueron detenidos con Farías Laguna, a inicios de septiembre, y días después, se informó del fallecimiento de dos presuntos informantes de la red criminal, uno por suicidio, y el otro, en un accidente en una práctica de tiro, hechos que continúan bajo investigación.
En octubre, Sheinbaum afirmó que su Gobierno trabaja en la integración de bases de datos para dimensionar la afectación económica del contrabando de combustible, y precisó que hasta entonces solo estaban confirmadas querellas por 16.000 millones de pesos (unos 925 millones de dólares).
Además, aseguró que las investigaciones continúan abiertas y que incluso involucran a empresas y actores estadounidenses, aunque sin dar detalles de nombres ni resultados judiciales.