"La austeridad no es un acto simbólico. Es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado ni el cumplimiento de las funciones constitucionales", declaró en conferencia de prensa el presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar.
Aguilar precisó que los vehículos podrán ser reasignados a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de su función.
En ese sentido, resaltó que no existen “riesgos de seguridad” en el trabajo de los nueve ministros (magistrados) de la Corte, por lo que prescindir de estos vehículos no afectará las labores ni el funcionamiento del máximo tribunal.
Asimismo, insistió en que esta decisión se sostiene en que “la seguridad” de los funcionarios públicos no debe “implicar lujo” y que, al tomarse estas medidas solo se está considerando el “servir al pueblo con el mínimo necesario”.
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“La austeridad no va a significar que deje de funcionar la institución y que los ministros y ministras tengan el mínimo necesario para funcionar”, destacó Aguilar, en el espacio a medios al que no asistieron las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, la tríada que logró mantenerse desde la conformación anterior de la SCJN.
El posicionamiento del Supremo se da tras las críticas recibidas por la compra de camionetas para los nuevos integrantes del máximo tribunal elegidos por voto popular en 2025, cada una valuada en 1,7 millones de pesos (casi 95.000 dólares), sin considerar medidas de protección como blindaje.
Previo a la compra, Aguilar detalló que el Pleno decidió utilizar nueve camionetas Jeep, de modelos 2019, 2020 y 2021, para evitar el uso de las otras 30 camionetas Suburban que recibieron de la anterior integración. “Cada uno de los ministros y ministras decidió no usar las Suburban, porque son precisamente ostentosas”, subrayó.
También puntualizó que el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que tomó posesión el nuevo Pleno, se adquirieron 39 vehículos, pues “cuatro unidades habían sido adquiridas por ministras y ministros de la anterior integración”.
Al utilizar las camionetas Jeep, el togado argumentó que por el tiempo de su adquisición, los modelos “ya estaban muy deteriorados”.
Incluso, señaló que “muchos de ellos” tenían “dificultades en su sistema de tracción, en el motor y en general en su funcionamiento”, lo que derivó en una estrategia de renovación de vehículos, así como la desincorporación de otros 21 .
El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, estimó, tras un análisis del ejercicio presupuestal, que en los próximos dos años la Corte generará un ahorro 1.000 millones de pesos (más de 55 millones de dólares).