En un caso que contó con la ayuda de Interpol, Europol y la Corte Penal Internacional (CPI), el juez consideró probado que el acusado, Walid D., actuó “sin compasión, de forma despiadada y sin respeto por la dignidad humana”, y calificó el caso de “excepcional por la magnitud y la naturaleza de los hechos”, incluido “el trato cruel y degradante” dado a las víctimas.
La sentencia, dictada por el tribunal de Zwolle, considera probado que el condenado encabezó una red que, a cambio de dinero, facilitaba el paso de migrantes hacia Europa, tras mantenerlos retenidos en campamentos y naves en Libia, entre ellos en la localidad de Bani Walid, en condiciones “muy inseguras” y marcadas por un uso generalizado de la violencia.
Según la investigación, que duró años, los migrantes eran retenidos en instalaciones controladas por la red en Libia, donde sufrían palizas con palos, descargas eléctricas, y quemaduras con plástico caliente, con acceso mínimo a comida y agua y sin atención médica, mientras que las mujeres eran violadas de forma sistemática. Entre las víctimas había también menores de edad y mujeres embarazadas.
Las familias recibían vídeos de torturas y abusos a las víctimas para forzar a los parientes a pagar rescates elevados; si no lo hacían, se le negaba a los migrantes en cuestión el paso hacia Europa, incluida la peligrosa travesía por el Mediterráneo. Solo después de efectuado el pago podían abandonar el campamento y continuar el viaje hacia Europa.
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“De las declaraciones de los testigos se desprende que los migrantes vivieron auténticos momentos de terror tanto en los campamentos como durante el viaje. También relataron haber visto de cerca cómo algunos de sus compañeros pagaron con su vida su intento de llegar a Europa. Para el acusado y sus cómplices, ganar dinero fue, al parecer, más importante que la vida, la salud y el bienestar de los migrantes”, subrayó el tribunal.
La organización, bajo la dirección del condenado, tenía embarcaciones en el norte de Libia para el cruce del Mediterráneo y se trataba, según la sentencia, de lanchas neumáticas o barcos de madera que iban sobrecargados, con fugas o sin condiciones mínimas de navegabilidad; y en numerosos casos, las embarcaciones eran abandonadas en alta mar sin motor y sin chalecos salvavidas, pese a que la mayoría de los migrantes no sabía nadar.
El tribunal también sentenció a Walid D. a pagar más de 30.000 euros en concepto de indemnizaciones a las víctimas.
La Fiscalía sostuvo que se trata de uno de los mayores procesos por tráfico de personas jamás celebrados en el país: el sumario supera las 25.000 páginas y se escuchó a cerca de 200 testigos.
La justicia neerlandesa asumió la competencia del caso al quedar demostrar que un número significativo de víctimas reside actualmente en Países Bajos -han llegado más de 25.000 refugiados eritreos en la última década- y que desde este país se canalizaban pagos de extorsión.
El caso incluye a un segundo sospechoso, Kidane Zekarias H., presunto colaborador del condenado, que fue detenido en Dubái y extraditado a Países Bajos a finales de diciembre, pero el tribunal mantuvo la responsabilidad principal de Walid D. al frente de la red de tráfico de migrantes en Libia.