Concluida la etapa de la investigación dedicada a rastrear la distribución y aplicación del medicamento contaminado en centros médicos de todo el país, el juez federal Ernesto Kreplak envió al Cuerpo Médico Forense un total de 159 casos -111 muertes y 48 infecciones- que deberán ser analizados por el organismo judicial en el transcurso de febrero.
El pasado septiembre, la Justicia había determinado que eran 124 los pacientes "fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado" pero, tras profundizar la investigación durante el mes de enero, se descartaron algunos casos que no pudieron acreditarse correctamente.
"Sabemos que no son todas las víctimas. Sabemos que hay casos que no vamos a poder probar, por la deficiencia de las muestras que se le tomaron a los pacientes cuando aún estaban con vida", explicaron a EFE fuentes judiciales relacionadas a la investigación.
El fentanilo fue producido por las firmas argentinas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que según la Justicia no cumplían con los requisitos de seguridad y fueron clausurados entre febrero y mayo del año pasado.
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Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos de al menos una veintena de centros médicos en distintos puntos del país.
En las ampollas cerradas del medicamento fueron halladas dos bacterias multiresistentes que coincidieron con las que se detectaron en los pacientes, muchos de los cuales murieron a causa de ellas.
El dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, fue procesado el pasado 25 de septiembre por el delito de "adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas" en una resolución judicial que además dictó su inhibición patrimonial, un embargo por la suma de un billón de pesos (743 millones de dólares) y su prisión preventiva.
Al momento son 17 las personas procesadas en la causa, entre las que se encuentran el hermano de García Furfaro, Diego Hernán García, y su madre, Nilda Furfaro, así como algunos de los empleados de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Tras el análisis del Cuerpo Médico Forense -en el que nuevos casos podrían ser descartados- la Justicia argentina avanzará con nuevas declaraciones indagatorias a los procesados y actualizará su imputación al número total de muertes confirmadas.
Según informaron a EFE fuentes de la investigación, durante enero se avanzó, a su vez, con la investigación sobre las responsabilidades del organismo de control, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en la tragedia sanitaria.
"Estuvimos estudiando la normativa interna de ANMAT y comparando con otros casos. Por el momento logramos entender qué es lo que hicieron. Lo que necesitamos saber ahora es si actuaron de manera correcta de acuerdo a su función", explicaron.
La tragedia sanitaria provocó, a su vez, la apertura de otras causas paralelas relativas a las firmas farmacéuticas y a sus responsables, en las que el Ministerio Público Fiscal investiga posibles delitos de contrabando y desvíos de medicamentos al mercado ilegal.