La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró a última hora del jueves "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), la filial de CK Hutchison, cuya presencia en los puertos cercanos al Canal fue la base de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática.
El máximo tribunal respondió así a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato de concesión, que tildó de "leonino" y de lesivo a los intereses de la Nación.
La decisión de la Corte Suprema "reafirma enérgicamente el Estado de derecho. Confirma que el Órgano Judicial independiente de Panamá aplica el cumplimiento de la ley, la transparencia y las obligaciones de interés público, exigiendo a los operadores privados que rindan cuentas", expresó el embajador Cabrera en un comunicado.
Se fortalece "la seguridad nacional de Panamá y su clima de inversión al impulsar la previsibilidad, imparcialidad y confianza en las leyes. Los inversionistas corroboran que los contratos válidos son protegidos y los inapropiados son corregidos, haciendo que Panamá sea más atractivo para inversiones de calidad y a largo plazo" agregó.
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Esta decisión "hace posible una revisión de la gobernabilidad de los puertos, así como de los procesos transparentes y competitivos para atraer inversiones de clase mundial que brindan innovación, eficiencia, empleo de calidad y fortalecen el papel de Panamá como un centro logístico líder", dijo Cabrera.
"Respetamos el derecho de Panamá para regular y proteger su infraestructura crítica bajo sus leyes. Este resultado potencia la integridad del marco legal de Panamá y contribuye a un crecimiento económico sostenible basado en reglas", concluyó el embajador.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes un nuevo proceso de concesión de los dos puertos, que seguirán operados por PPC hasta que el fallo del Supremo, que es inapelable, quede "ejecutoriado".
Ya ejecutoriado el fallo, "comienza un período de transición", en el cual APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá transitoriamente la operación de los puertos.
Esta transición "culmina con una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños", afirmaron Mulino y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La PPC afirmó que el fallo que le quita la operación de dos puertos "carece de fundamento jurídico", y que no descarta activar "procedimientos legales e internacionales" ante esta decisión.