Según los detalles del caso publicados en la web de la OMC, el panel dio la razón a China en todas sus reclamaciones, al considerar que la medida era incompatible con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIMS) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SCM).
El panel concluyó además que Estados Unidos "no logró demostrar que dichas medidas fueran necesarias para la protección de la moral pública estadounidense".
China presentó esta disputa ante la OMC en marzo de 2024, alegando que determinados créditos de Estados Unidos bajo su Ley de Reducción de la Inflación no respetaban las normativas comerciales internacionales al discriminar los productos de origen chino.
Los créditos estaban destinados a incentivar la fabricación en Estados Unidos de vehículos eléctricos y componentes tales como baterías, así como paneles solares, turbinas eólicas y otras estructuras para el desarrollo de energías renovables.
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China sostenía que se trataba de subsidios condicionados al uso de producción nacional estadounidense, distorsionando el comercio y desplazando artificialmente a proveedores extranjeros.
Inicialmente la reclamación de China también incluía créditos fiscales a la compra de vehículos eléctricos en el mercado estadounidense, aunque el país asiático dejó de incluirlos en la disputa después de que Washington eliminara estas ayudas en julio de 2025 mediante la llamada "One Big Beautiful Bill Act".