Tal como se había programado, el fiscal general acudió este viernes a Palacio de Gobierno para hacer unas 30 preguntas a Jerí sobre las reuniones con empresarios chinos, uno de ellos contratista del Estado y de la propia oficina de la Presidencia, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
En declaraciones a la prensa, Gálvez dijo que Jerí había respondido a todas las preguntas hechas por la Fiscalía y por la Procuraduría del Estado (Abogacía del Estado), conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC) que impide las medidas coercitivas contra el mandatario.
El gobernante interino "ha prestado el consentimiento para que se levante el secreto de sus comunicaciones" y él mismo va a pedir el reporte de sus comunicaciones, afirmó Gálvez a los periodistas, al cabo de más de tres horas de interrogatorio.
Añadió que se van a realizar todas las diligencias que sean necesarias, "sin desbordar las reglas establecidas por el TC" y que si hay que volver a tomar una ampliación de declaraciones, "lo haremos en su momento".
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Gálvez aclaró que sólo le corresponde investigar al mandatario en forma "totalmente reservada" y que las otras personas implicadas en el caso serán investigadas por el fiscal provincial a cargo.
De acuerdo a reportajes periodísticos, Jerí acudió encapuchado, junto a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a un restaurante, el pasado 26 de diciembre, que es propiedad del empresario chino Zhihua 'Johnny' Yang, mientras que el 6 de enero visitó una tienda del mismo empresario que había sido clausurada pocas horas antes por las autoridades municipales.
La defensa de Jerí declaró el martes pasado que el presidente no tuvo reuniones pactadas con Yang, sino que fueron encuentros coyunturales, en referencia a las imágenes difundidas en medios locales.
Sin embargo, estos encuentros no declarados oficialmente por el mandatario han provocado la presentación de hasta siete mociones de censura contra Jerí en el Congreso, pero que no han sido debatidos aún pues el Parlamento está en un periodo legislativo de receso hasta marzo.
El último miércoles, el fiscal general encargado había dicho que la investigación contra Jerí no podía ser "exhaustiva" ni "profunda" porque había que respetar la institución de la Presidencia.
También señaló que no pediría el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, como tampoco de su reserva bancaria, pues esa medida se tomará cuando deje el cargo, el próximo 28 de julio.
El actual fiscal general encargado archivó una denuncia por violación sexual contra Jerí en agosto del año pasado, sólo dos meses antes de que asumiera la Presidencia tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).