Así, han entrado en vigor los cambios legislativos aprobados por la mayoría parlamentaria del partido nacionalista de Vucic, el SNS, que, según asociaciones profesionales de jueces y fiscales, ONG de defensa de la democracia y la oposición, ponen bajo control directo del poder político los últimos focos de independencia de la judicatura del país.
La Comisión Europea pidió el miércoles a Belgrado que revisara su decisión "en el plazo más corto posible" y armonice la legislación con los estándares europeos.
El Ejecutivo comunitario evaluó que la reforma "socava la independencia de la justicia, así como la autonomía y el funcionamiento de la fiscalía", y destaca que fue adoptada de una forma "muy apresurada y poco transparente".
El Colegio de la Fiscalía Suprema (VST) de Serbia ya había advertido este mes de que tanto el contenido de los cambios como su procedimiento de adopción, sin consultas previas con las instituciones competentes ni verificación de su conformidad con los estándares de la UE, suponían "un precedente negativo y un gran retroceso".
Este viernes, el ministro de Justicia, Nenad Vujic, presentó además una denuncia contra el presidente del VST, Branko Stamenkovic, por el presunto delito de "trabajo irresponsable".
Entre las reformas más criticadas figura la relativa a la Fiscalía para la Delincuencia Organizada (TOK), uno de los pocos órganos judiciales que se había mantenido independiente hasta ahora y que pasa a quedar bajo la autoridad del fiscal superior Nenad Stefanovic, considerado cercano a Vucic, lo que ha despertado temores sobre una pérdida de autonomía.
Además, la reducción a la mitad del número de jueces de la TOK ralentizará su labor, incluida la investigación abierta el año pasado por graves acusaciones de corrupción ligadas a la reconstrucción de la estación ferroviaria de Novi Sad, donde 16 personas murieron el 1 de noviembre de 2024 al desplomarse una marquesina, una tragedia que desató una gran ola de protestas antigubernamentales.
Vucic, que tachó repetidas veces en los meses pasados a la TOK de "banda de criminales", tenía siete días para firmar o rechazar las enmiendas controvertidas.