A través de una carta dirigida a los embajadores ante la OEA, los opositores nicaragüenses consideraron "muy oportuna" la convocatoria sobre la situación de Nicaragua, "tomando en cuenta que se realiza en el marco del primer aniversario de una nueva y nefasta Constitución aprobada de forma inconstitucional y sin respaldo de la soberanía popular, de corte totalitario, absolutamente regresiva en materia de derechos humanos y libertades ciudadanas"
En su mensaje, suscrito por la Concertación Democrática Nicaragüense, la Alianza Universitaria Nicaragüense, la Plataforma de Unidad por la Democracia, y la Mesa Todos Somos Nicaragua, recordaron que esas enmiendas eliminaron la división e independencia de los poderes de Estado y el principio de Estado de Derecho, "prorrogando unilateralmente el periodo de tiempo para su permanencia en el poder, profundizando su total ilegitimidad".
Destacaron que la Asamblea General de la OEA "oportunamente ya estableció que las elecciones de noviembre de 2021 que impuso la dictadura carecieron de legitimidad democrática al incumplir los estándares reconocidos internacionalmente".
Sobre la nueva Constitución, sostuvieron que no concede a los nicaragüenses ninguna garantía efectiva para la defensa de sus más elementales derechos, "obligándonos a recurrir a la protección internacional que nos puedan brindar organizaciones como la OEA".
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"Los Ortega Murillo han convertido a Nicaragua en un Estado paria que incumple sus obligaciones internacionales, se ha aislado para tratar de impedir cualquier escrutinio, reprime a sus ciudadanos cometiendo crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en una auténtica amenaza a la paz y la seguridad regional", denunciaron.
Por tanto, alentaron a la OEA "para que en esta reunión y en los diferentes espacios de la organización se puedan adoptar las más eficaces y urgentes medidas, que de forma colectiva o particular, puedan contribuir a la restauración del orden democrático en nuestro país incluyendo una resolución de la Asamblea General sobre la ilegitimidad del régimen".
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".