En este contexto, la ONG lamentó que la Unión Africana y entes regionales como la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de África oriental o la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) no tomaron "medidas significativas" para proteger a civiles y prevenir abusos, incumpliendo sus propios mandatos.
"Los ataques brutales contra civiles por parte de fuerzas militares y grupos armados que no rinden cuentas por sus acciones se están normalizando en el Cuerno y el Este de África, ya que los actores globales y regionales no están dispuestos a actuar contra los responsables y quienes los respaldan", dijo en un comunicado Mausi Segun, directora ejecutiva para África de HRW.
HRW destacó la situación en Sudán, inmerso desde abril de 2023 en una devastadora guerra entre el Ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápida (FAR), que ha provocado la peor crisis humanitaria del planeta.
Las FAR perpetraron "matanzas generalizadas" en la región de Darfur, mientras el Ejército y sus aliados "atacaron intencionadamente a la población civil y bombardearon indiscriminadamente infraestructuras civiles", denunció la ONG.
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Asimismo, en Sudán del Sur se detuvo arbitrariamente a opositores y el Gobierno bombardeó zonas pobladas, mientras en Etiopía, grupos armados, el Ejército y soldados eritreos todavía presentes en la región norteña etíope de Tigré "cometieron crímenes de guerra y otros abusos graves" contra la población.
También en países centroafricanos, fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes -como el Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este de la República Democrática del Congo (RDC)- cometieron "crímenes de guerra, incluyendo asesinatos y violencia sexual" contra civiles.
En el centro del continente, los votantes fueron intimidados y se impidió la participación de opositores en las elecciones presidenciales de la República Centroafricana y los comicios locales y legislativos en Burundi.
Asimismo, las autoridades arrestaron "arbitrariamente" a manifestantes y usaron una fuerza "excesiva" y "letal", que causó cientos de muertos y heridos, desde África oriental -Kenia, Tanzania y Uganda- hasta el sur del continente -Angola, Esuatini, Mozambique, Zambia y Zimbabue-.
En Kenia, las fuerzas de seguridad siguieron realizando arrestos, secuestros y asesinatos en las protestas de junio y julio pasados, en las que al menos 65 civiles murieron, según las autoridades kenianas.
En Tanzania y Uganda, los periodos electorales se vieron marcados por el encarcelamiento de opositores, la represión de periodistas y manifestantes y la restricción de la libertad de expresión.
El terrorismo yihadista siguió golpeando a África occidental, donde, además, las juntas golpistas de Níger, Burkina Faso o Mali siguieron reduciendo el espacio cívico y los derechos de sus ciudadanos.
"Los líderes de las juntas militares de la región del Sahel intensificaron sus esfuerzos por reprimir la libertad de expresión y otras libertades, sin prestar atención a la transición hacia los regímenes democráticos prometidos", señaló Segun.
Así, las autoridades golpistas en Mali y Níger recomendaron extender sus transiciones durante años y atacaron el multipartidismo, mientras estos dos países y otros como Burkina Faso, Nigeria y Chad "continuaron con su represión contra la libertad de expresión, la disidencia y los medios de comunicación".
Varios grupos yihadistas siguieron "masacrando" a civiles en toda la región -incluidos el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, en árabe) y Boko Haram, entre otros-, mientras bandas de bandidos aterrorizaron un año más a la población en el noreste de Nigeria.
También perpetraron "ejecuciones sumarias" los ejércitos burkinés y maliense y sus milicias aliadas, así como los mercenarios rusos del Cuerpo Africano (Africa Corps) en África occidental.